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La “inutilidad” y la repetición de funciones, motivos principales de la eliminación de la Comisión de Control por parte del Gobierno
Daniel Conesa ha asegurado que dicha Comisión tenía funciones que empezaban a duplicarse con otras que ya tienen atribuidas otros órganos de la Asamblea, como las comisiones permanentes
Publicada en InfoMelilla el 8 de agosto de 2007
La “inutilidad” demostrada en la última legislatura y la repetición de funciones con respecto a otros órganos existentes en la Asamblea, ha sido los motivos principales por los que el Gobierno de Juan José Imbroda ha decidido no constituir durante esta legislatura la llamada Comisión de Control.
En un intento por responder a las dudas manifestadas por la oposición, principalmente por Coalición por Melilla, el portavoz del Gobierno melillense, Daniel Conesa, ha asegurado que, si bien es cierto que la Comisión de Control se creó hace ya muchos años, también es cierto que durante la última legislatura, en la que ha estado presidida por la socialista María Cruz Escribano, ha demostrado su “inutilidad”.
En este sentido, Conesa ha recordado que sentido original de la Comisión de Control eran el de hacer un control de las contrataciones y licitaciones que hace el Gobierno. Sin embargo, ello llevó a una situación en la que empezaban a duplicarse esas funciones de control con otras que ya tienen atribuidas otros órganos de la Asamblea, como las comisiones permanentes, donde se tratan todos aquellos asuntos que deben ser decididos en el Pleno, cuya legalidad y eficacia es valorada por todos los grupos políticos.
Por lo tanto, “hacer una comisión para controlar algo que ya está contratado, no tiene sentido”, de ahí la decisión del Gobierno de eliminarla.
El problema surge, en opinión de Conesa, si se tiene en cuenta que la idea de la oposición es seguir haciendo uso de este órgano como Comisión de Investigación para hacer causa contra el Gobierno local, “y por ahí no vamos a pasar. Si quieren una Comisión de Investigación para un asunto concreto, el reglamento les permite solicitarla, y deberá ser el Pleno el que decida si procede o no”.