La polémica administrativa de la Explanada de San Lorenzo llega al Congreso de los Diputados de la mano de Antonio Gutiérrez

El diputado a Cortes por Melilla Antonio Gutiérrez ha presentado dos nuevas cuestiones al Gobierno, para que le sean contestadas por escrito. En la primera de ellas, el parlamentario melillense, interpela al Gobierno sobre el estado en que se encuentra la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la explanada de San Lorenzo de nuestra Ciudad.

En este sentido Gutiérrez manifestó “no comprender” la tardanza en la aprobación por parte de Ejecutivo central de dicho Plan, que “no sólo” es importante para que la Feria deje de celebrarse en el Parque Hernández, sino que además es fundamental “como área de expansión” de la ciudad y una verdadera necesidad para el “desarrollo de Melilla”.

Gutiérrez reiteró lo que ya hizo en su día en el Parlamento, de reclamar que sea el Gobierno de la Ciudad quien gestione las competencias de Urbanismo, algo que de haberla tenido en estos momentos, hubiese evitado “demoras e incertidumbres” en un asunto tan fundamental.

La segunda cuestión abordada está relacionada con la tramitación del denominado “Observatorio Estatal de Convivencia Escolar”, que en la actualidad el Gobierno ha presentado en forma de borrador de Real Decreto y que ha sido contestado por el Consejo Estatal Escolar, como por varios grupos parlamentarios.

En este sentido, Gutiérrez afirmó, que era necesaria una actitud “absolutamente dialogante” por parte del Gobierno, con los sectores que tienen mucho que decir en la creación de un órgano fundamental para la evaluación de las causas y mecanismos varios que influyen en el desarrollo de los alumnos y docentes en el marco de los centros escolares.

Para ello abogó en la participación para la redacción del texto y su “enriquecimiento definitivo” de los sectores afectados como profesores, alumnos y Asociaciones de Padres, con el fin de que se obtenga un “consenso imprescindible” de todos los sectores sociales -partidos y centrales sindicales incluidos- y no sea un “elemento exclusivo” de la política educativa del Gobierno, concluyó.