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El Partido Popular critica el "caos" en la Justicia de Melilla por el retraso en la puesta en marcha de la oficina judicial
Dueñas ha recordado que el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se comprometió en 2006 a que Melilla sería una de las primeras en contar con la Oficina Judicial
Publicada en InfoMelilla el 31 de enero de 2008
El PP de Melilla ha criticado hoy el "caos" en el que está sumida la Administración de Justicia de la ciudad autónoma por la puesta en marcha de la Oficina Judicial, que todavía no ha terminado de implantarse pese al compromiso del PSOE de que estaría funcionando en octubre de 2006.
En rueda de prensa, la candidata del PP al Senado, María del Carmen Dueñas, ha recordado que el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se comprometió en su visita a Melilla en mayo de 2006 a que la ciudad autónoma sería una de las primeras en contar con la Oficina Judicial, al haber sido incluida entre las ciudades piloto de este programa de modernización de la Justicia.
Según ha apuntado Dueñas, durante aquel viaje oficial, López Aguilar aseguró que Melilla tendría implantada la Oficina Judicial en octubre de 2006 o "como muy tarde en el primer trimestre de 2007".
"Estamos a 31 de enero de 2008 y lejos de implantarse, lo único que está produciendo un caos en las dependencias judiciales" que afecta al funcionamiento normal de la Administración, ha añadido.
De hecho, la candidata al Senado ha asegurado que esta situación está afectando especialmente a los profesionales que operan en el ámbito de la Justicia, así como a los funcionarios que trabajan en ella y a los propios usuarios, lo que ha sido "muy criticado" por los sindicatos e incluso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez Lugo.
Para Dueñas, la implantación de la Oficina Judicial y el "ansiado y prometido" plan del Gobierno de Zapatero para modernizar la Justicia "han caído en saco roto", tanto en Melilla como en otras comunidades autónomas, circunstancia que ha relacionado directamente con el descenso "reiterado" de los presupuestos destinados a la Justicia, que actualmente abarcan sólo el 0,5 por ciento de las cuentas públicas.