UpyD pide al Gobierno de la Ciudad que “no castigue” a los melillenses con una huelga en el servicio de limpieza

Unión Progreso y Democracia ha pedido esta mañana al Gobierno de la Ciudad Autónoma que “no castigue al conjunto de los ciudadanos melillenses con una huelga en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Melilla”. Y es que para esta formación política, el preanuncio de huelga entregado ayer por los miembros del Comité de Empresa de FCC en Melilla, avalados por CSIF, CCOO y UGT, constituye una “muy mala noticia” para el conjunto de los ciudadanos melillenses, “dado que todos sabemos las consecuencias en materia de higiene y salubridad que tienen este tipo de conflictos colectivos”.

A juicio del número dos de UPyD, Emilio Folgar, el Gobierno presidido por Juan José Imbroda “ni puede ni debe mirar para otro lado”, y ha recordado que, a pesar de que es un conflicto entre empresa y trabajadores, “la totalidad de los ingresos de FCC en Melilla provienen de las arcas públicas, tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla como de la Autoridad Portuaria de Melilla”, de ahí que entienda “que la Ciudad Autónoma está obligada a realizar una mediación antes de que se inicie esa anunciada huelga”.

Lo que Emilio Folgar no considera lógico es que hace muy pocas fechas el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla le concediera a FCC una ampliación de su contrato de más de cinco millones de euros, “y ahora nos veamos con la amenaza de una huelga en el sector”. Es por ello por lo que cree que el Ejecutivo local, además de haber mejorado esos medios técnicos en el servicio, “se tenía que preocupar y ocupar un poco de la situación de los trabajadores que, no olvidemos, siguen siendo los que menos cobran de toda España”.

Para acabar, Emilio Folgar ha recordado que en el caso de que esta concflicto no sea afrontado con seriedad y rigor, “tiene muy pocos visos de que se pueda solucionar”, máxime cuando, según las informaciones que obran en poder del número dos de UPyD, “la empresa no está dispuesta a hablar de mejoras sociales, de reducción de la jornada labora, de poner fin a los continuos y constantes expedientes disciplinarios contra los trabajadores y, ni mucho menos, a equiparar los salarios con el resto de los profesionales del sector en el conjunto del Estado español”.