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Constituido en Melilla el Comité de Seguridad y Salud destinado a la consulta de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales
Gregorio Escobar ha sido el encargado de presidir el acto de inaugural
Publicada en InfoMelilla el 28 de mayo de 2009
InfoMelilla.com
El delegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar, ha presidido esta mañana -jueves- la constitución del Comité de Seguridad y Salud de la Delegación del Gobierno en la ciudad en el que están representados la Administración General del Estado, los departamentos y organismos públicos que no cuentan en la provincia con un comité propio y los sindicatos.
El Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio.
Los organismos por parte de la Administración que se encuadran en este comité son la Delegación del Gobierno, la Gerencia Territorial de Justicia, la Delegación de Economía y Hacienda, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y la Salud y MUFACE.
El número de delegados de Prevención de estos organismos se ha determinado de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece la escala de representantes en función al número de trabajadores que representan.
Durante la constitución del Comité, el delegado del Gobierno ha dado la bienvenida a los integrantes y les ha animado a trabajar en este órgano que pretende llegar a acuerdos que satisfagan al conjunto de sus componentes a los que les ha abierto las puertas de la Delegación para que hagan llegar las propuestas y sugerencias que estimen oportunas.
Gregorio Escobar asegura confiar en que el Comité de Seguridad y Salud, y con ese ánimo se crea, sea un instrumento capaz de articular y transmitir a los trabajadores públicos los acuerdos que se adopten, a la vez que evaluar el impacto de las actuaciones que se pongan en marcha en materia de prevención.