El Gobierno de Melilla muestra su voluntad de solucionar la falta de suelo industrial

El Gobierno de Melilla ha mostrado hoy su "voluntad política" de resolver el problema de las empresas chatarreras y las plantas de hormigón que se asientan ilegalmente sobre suelo rural, lo que motivó una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Este problema surgió a finales de 2008, cuando el Seprona denunció la actividad de cuatro empresas hormigoneras asentadas en suelo rural por la falta de superficie industrial, lo que obligó a abrir un proceso de regularización por el que concedió una licencia de diez años para que siguieran ejerciendo su actividad mientras se buscaba una solución definitiva.

Esta falta de suelo industrial afectaba también a cinco empresas chatarreras que no fueron denunciadas por el Seprona, razón por la que la Ciudad Autónoma denegó la petición de licencia provisional que sí se concedió a las plantas hormigoneras.

Esta decisión de no conceder la licencia provisional ha sido reafirmada hoy por el Pleno de la Asamblea, que con los votos a favor del PP y el rechazo de la oposición ha desestimado los recursos interpuestos por las cinco empresas chatarreras.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el consejero de Fomento, Rafael Marín, ha subrayado que por parte del Gobierno local "existe voluntad política de sacar adelante el tema de las chatarreras, pero siempre dentro de la legalidad".

El consejero ha recordado que Melilla carece actualmente de suelo industrial, y las naves que hay disponibles en el Polígono Sepes no tienen la capacidad suficiente para albergar la actividad industrial de estas empresas.

Ello ha obligado a la Ciudad Autónoma a buscar suelo industrial en la revisión del PGOU que está llevando a cabo en la actualidad para trasladar allí las chatarreras y hormigoneras.

"Lo que sí queremos evitar es el recurso barato del suelo rural, porque si a todas estas empresas les diésemos las autorizaciones sin estar en iguales circunstancias que las hormigoneras, mañana veremos todo el suelo rural de Melilla lleno de naves", ha dicho Marín.

Asimismo, ha insistido en que la normativa recoge que las actuaciones en suelo rural deben ser "de forma restrictiva", lo que obliga a la Ciudad Autónoma a "no abrir la mano a todo el mundo".

"Lo estamos intentando hacer al máximo posible", ha defendido Marín en respuesta a la petición de CPM para que conceda la autorización a las cinco chatarreras y, de este modo, solucionar "este problema endémico que tenemos, partiendo de unos criterios mínimos de desarrollo de actividad", dado que afecta a empresas con un considerable volumen de empleados.

Asimismo, la Asamblea ha rechazado por unanimidad los recursos de las cuatro empresas hormigoneras que sí obtuvieron las licencias provisionales para ampliar éstas por encima de los diez años de duración.

Según Marín, este plazo es "más que suficiente" para que las empresas puedan trasladarse si la Consejería de Fomento localiza suelo industrial en el próximo PGOU, aunque en caso de que no encuentre "podemos prorrogar esas licencias y quizá en un futuro tendríamos ese suelo industrial que nos hace falta".

CPM, por contra, ha pedido que en vez de 10 años de licencia sean dos prorrogables hasta que se encuentre suelo industrial, y ha criticado que se vaya a cobrar un canon elevado a estas empresas por ejercer su actividad en un suelo rural.

El consejero de Fomento ha afirmado que estas empresas han aceptado pagar un canon como compensación por el "agravio comparativo" que podrían causar a las empresas que pagan plusvalías por estar asentadas en suelo industrial, si bien ha puntualizado que la cuantía del canon será "negociable" y se podrá sufragar en varias partes.