El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno la paralización de extradición de dos europeos

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado hoy una moción en la Asamblea de Melilla para solicitar al Gobierno que paralice los procesos de extradición a Marruecos de dos ciudadanos comunitarios detenidos en la ciudad autónoma por su presunta relación con redes yihadistas.

En rueda de prensa, la secretaria de Comunicación del PP de Melilla, Cristina Rivas, ha informado de que en esta moción se pide al Gobierno central que solicite a Marruecos el envío de una comisión judicial rogatoria para que exponga las pruebas que contra Mohamed El Bay y Ali Aarras pudieran existir en ese país.

A partir de esas pruebas, sería la justicia española la que actuaría en consecuencia, propone el PP.

Según la moción, la extradición de estos dos ciudadanos, uno melillense y otro belga, podría suponer "un peligroso precedente para los melillenses de origen bereber, además de una flagrante ilegalidad, al extraditarse a un país extranjero como Marruecos a ciudadanos nacionales de España".

Asimismo, el PP indica en la moción que las informaciones surgidas en las últimas semanas sobre este asunto "han sembrado la inquietud entre el amplio sector de la población melillense que comparte dicho origen".

Rivas ha criticado además las declaraciones efectuadas ayer por el secretario general del PSME-PSOE, Dionisio Muñoz, quien acusó al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, de "utilizar un asunto tan delicado como éste para forjarse una imagen de adalid y defensor de los musulmanes melillenses".

"El racista es él, el que discrimina a los musulmanes es él", ha dicho Rivas, quien ha recalcado que, independientemente de la confesión religiosa, "todos somos personas y melillenses, y no vamos a levantar vetos de hace muchos años que nos ha costado mucho trabajo".

Además del PP, el grupo de Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición y de mayoría musulmana, también ha presentado una moción en la que también se aboga por que la Asamblea adopte un acuerdo unánime para frenar la extradición.

Además, se insta al Gobierno melillense a sufragar todos los gastos económicos derivados de la defensa de estas dos personas.

Por su parte, el presidente autonómico, Juan José Imbroda, ha dicho a los periodistas que está haciendo "todo lo posible" para frenar la extradición de estos dos ciudadanos.

"Cualquier melillense, de cualquier religión, en cualquier momento que venga a buscarme, como vinieron los padres de estas dos personas para pedir ayuda, allí voy a estar", ha dicho el presidente, quien ha señalado que en estos casos no le va a importar la confesión que tengan.