El Juzgado desestima la demanda de la oposición contra el rechazo de preguntas al Pleno de Control llevado a cabo por la Mesa de la Asamblea

El Juzgado número 3 de Melilla ha desestimado el contencioso administrativo interpuesto el pasado 3 de abril por los grupos de la oposición, PSOE y CPM, contra la decisión de la Mesa de la Asamblea de rechazar o no admitir 14 de las preguntas que las formaciones presentaron al Pleno de Control del 27 de marzo al considerar que los asuntos que trataban no pretendían fiscalizar la labor del Gobierno sino de un órgano independiente.

Tal y como ha recordado la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, PSOE y CPM presentaron la demanda al considerar que se estaba vulnerando su derecho a la participación política, sin embargo en la sentencia, dictada el pasado 7 de agosto, queda claro que el rechazo de las preguntas se debió únicamente al contenido de las mismas, ya que estaban referidas al control de una institución independiente del Gobierno local, concretamente de la Autoridad Portuaria, y por lo tanto no tenían la finalidad que deben tener las cuestiones presentadas a un Pleno de Control, que no es otra que la de fiscalizar la labor del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera de la Asamblea, con la sentencia en la mano, ha explicado que el Ministerio Fiscal ha considerado la desestimación de la demanda por considerar no probada la vulneración de los derechos a la participación política demandada por los grupos de la oposición. Además deja claro que, en base al Reglamento Orgánico de la Asamblea, las preguntas e interpelaciones al Pleno de Control deberán tratar asuntos relacionados con la conducta y actuación del Gobierno.

Por todo ello, la sentencia deja claro que el rechazo de las preguntas “fue correcto y correctamente argumentado”, de ahí la desestimación del contencioso administrativo.

Tras informar sobre ésto, Cristina Rivas ha aconsejado a PSOE y CPM que intenten conocer mejor el Reglamento de la Asamblea y dejen de hacer uso de la Justicia para arremeter contra el Gobierno, porque “parece que estamos en un estado policial”.

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