El Pleno autoriza a 4 empresas locales a seguir ejerciendo su labor industrial en suelo rural de forma provisional

El Pleno de la Asamblea de Melilla ha dado luz verde, aunque con los votos en contra de la oposición, a la autorización a cuatro empresas locales a seguir desarrollando su labor industrial en suelo calificado como rural.

Tal y como ha explicado el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, el asunto surge a raíz de una denuncia interpuesta por el Sepona de la Guardia Civil contra cuatro empresas que desarrollan labores de tipo industrial pero que se encuentran instaladas en suelo rural. En total, ha explicado, son nueve las empresas que se encuentran en esta situación, aunque de momento tan sólo han solicitado la autorización las cuatro sobre las que ha recaído la denuncia.

El problema, ha dicho Conesa, es que si la Asamblea no les concede dicha autorización, las empresas se verán obligadas a cerrar, de ahí que el Gobierno haya decidido atender estas peticiones que otorgan una autorización provisional, concretamente de 10 años prorrogables, a las cuatro empresas afectadas.

En este sentido, el consejero de Fomento, Rafael Marín, ha dejado claro que lo que el Gobierno local pretende es hallar una solución provisional al asunto en tanto en cuanto se localiza suelo industrial para ser incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que “no depende solo de nosotros, sino también de Defensa, por lo que si llegamos a un acuerdo con Defensa tendremos suelo industrial, sino tendremos 10 años para solucionar el problema”.

Respecto a las otras cinco empresas que se encuentran en la misma situación, el Gobierno local ha asegurado que sus casos serán estudiados y tratados de la misma forma cuando soliciten la autorización correspondiente.

Oposición

Pero el asunto no parece estar tan claro para los grupos de la oposición, que no han dudado en votar en contra de la propuesta. Así, el diputado de Coalición por Melilla, Abdelrahem Sellam, ha comenzado su intervención solicitando a la Asamblea que deje el asunto sobre la mesa con la única intención de resolver el problema para las 9 empresas implicadas, y no sólo para las 4 que se han llevado a Pleno. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada por el Gobierno.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Dionisio Muñoz, ha dejado claro que el tema es más complejo de lo que en principio puede parecer, ya que se trata de dar una autorización para ejercer en suelo rural a 4 empresas mientras se le deniega a otras 5, algo que “requiere un debate porque afecta a la competencia en un sistema de libre mercado que permite a todo el mundo trabajar en las mismas condiciones”.

Del mismo modo, Muñoz cree que con la aprobación de estas autorizaciones el Pleno está sentando un precedente que puede tener consecuencias futuras, al tiempo que ha no ha dejado pasar la oportunidad para recordar que el Gobierno local actual lleva 8 años al frente de la Ciudad Autónoma y “no ha ejercido las competencias que les obliga a anticiparse a las demandas de terreno o a regular el que ya existe”.

Ha sido precisamente el socialista el que ha dado paso al momento más tenso del Pleno al soltar al aire el comentario “así no me extraña que tenga lo que tiene” cuando, agotado su tiempo de intervención, el presidente de la Ciudad le ha quietado la palabra.

Esto ha provocado el enfado de Juan José Imbroda que, una vez concluido el Pleno, ha anunciado su intención de informar a sus servicios jurídicos sobre el incidente y no descarta emprender acciones legales.

Finalmente, el asunto ha sido aprobado con los únicos votos a favor del Gobierno, ya que tanto PSOE como CPM han votado en contra.