Melilla y Ceuta solicitarán un aumento al 75 por ciento de sus deducciones fiscales

Melilla y Ceuta solicitarán al Gobierno central el aumento hasta el 75 por ciento de las deducciones fiscales en ambas ciudades, un 25 por ciento más de lo que actualmente disfrutan. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, tras la reunión que responsables de las dos ciudades autónomas mantuvieron ayer miércoles en Málaga con el fin de acercar posturas sobre la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF).

A la reunión asistieron los consejeros de Hacienda y Economía de Melilla, Guillermo Frías y Daniel Conesa, y los de Ceuta, Francisco Márquez y Guillermo Martínez, quienes habían mantenido contactos previos vía telefónica y habían alcanzado ya un nivel importante de consenso con respecto a la reforma del REF.

La reunión sirvió para establecer las líneas de trabajo para ambos gobiernos autonómicos, así como para poner sobre la mesa los asuntos prioritarios a tratar. De esta manera, además del aumento de las deducciones fiscales al 75 por ciento, Melilla y Ceuta destacaron la necesidad de cerrar el llamado 'Ciclo mercantil', que según Conesa consiste en determinar con precisión donde empieza y acaba la actividad de cada empresa para que no haya dudas a la hora de aplicar las deducciones fiscales.

Otro de los aspectos por los que se trabajará aprovechando la modificación del REF será en lograr la ampliación al 50 por ciento de las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social y extenderlas a todos los sectores económicos y a los autónomos. Se trata, ha recordado el portavoz del Gobierno melillense, de un asunto que se encuentra en el Congreso de los Diputados en forma de iniciativa legislativa y del que aún no hay respuesta.

Los responsables de los gobiernos autonómicos también acordaron la necesidad de solicitar un aumento de la cantidad que las dos ciudades perciben cada año del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Actualmente, ha explicado Conesa, el FCI destina un 0,75 por ciento a las dos autonomías, lo que supone alrededor de 10 millones de euros anuales, y la idea es duplicar la cantidad otorgando un 0,75 por ciento a cada una y que se consolide por Ley.

Del mismo modo, y entre otros aspectos, Ceuta y Melilla tienen pensado solicitar un trato específico dentro de la Unión Europea (UE) para las dos ciudades teniendo en cuenta sus especiales características como ciudades fronterizas, afectadas por la inmigración, con unos altos índices de desempleo y aisladas del territorio nacional. La idea, ha explicado, es que obtengan un trato similar al de las regiones ultraperiféricas.

Se trata, ha dicho Conesa, de una serie de cuestiones fundamentales para el desarrollo económico y social de Melilla y Ceuta que no supondrán, para el Gobierno central, más de 90 millones de euros al año, con lo que “es un esfuerzo que el Estado debería estar en disposición de realizar”.

De momento, tras el primer encuentro personal entre las dos ciudades, se ha acordado establecer un plazo de un mes para elaborar y redactar los trabajos y proyectos que se han encomendado a cada administración y que serán puestos en común en una próxima reunión que mantendrán a finales del mes de abril. Será después de este nuevo encuentro cuando el Gobierno de Melilla inicie los contactos con los agentes sociales, económicos y políticos para exponerles lo acordado con la ciudad hermana.

Aunque aún no se ha decidido definitivamente, ambas ciudades han coincidido en que la reforma del REF no será presentada como iniciativa legislativa, sino como una actuación del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados para la que se intentarán alcanzar el máximo consenso posible.

Respecto a los plazos, Daniel Conesa confía en que el texto de la reforma esté ultimado al cien por cien antes del próximo verano para que pueda elevarse a la Cámara Baja en el mes de septiembre y se pueda aplicar en el año 2010. De cualquier manera, las dos ciudades autónomas son conscientes de que esta reforma del REF conlleva la modificación de un gran número de leyes y, por lo tanto, requieren de un cierto tiempo para que el Gobierno pueda llevarlas a cabo.