Unión, Progreso y Democracia propone al Gobierno un 'Pacto de Estado por la Educación'

El coordinador local de Unión, Progreso y Democracia, Emilio Guerra, ha informado a través de nota de prensa, de la reciente entrevista de su líder, Rosa Díez, con el ministro de Educación Ángel Gabilondo, donde le presentó las bases que UPyD considera fundamentales para un auténtico Pacto de Estado por la Educación, y también la propuesta de ley que UPyD presentó para su debate en el Congreso de los Diputados el 8 de mayo de 2008: Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa. “Un pacto de Estado digno de tal nombre, debe servir para proteger a la educación de la intromisión de los partidos políticos y grupos de interés afines, cerrando de una vez la insoportable provisionalidad de las leyes educativas que cambian con cada cambio de gobierno”, se argumenta desde la formación magenta.

Armonización de las legislaciones educativas autonómicas, aumento de las dotaciones presupuestarias y eliminar del sistema la manipulación sentimental o doctrinal que esté por encima de la instrucción basada en el conocimiento, son elementos prioritarios para UPyD.

En cuanto al profesorado, consideran en el partido de Rosa Díez, que se ha de mejorar la selección del profesorado idóneo, arbitrando medidas para que compita el mayor número posible de candidatos a una plaza ofertada y para garantizar que el resultado de los concursos-oposiciones sea el de distinguir a los candidatos con excelencia de conocimientos y excelencia pedagógica. Se debe garantizar también, la movilidad del profesor, horizontalmente (de una ciudad a otra, de una autonomía a otra) y verticalmente (con posibilidades de ascenso en la carrera docente), evitando cualquier medida que impida esa movilidad (por ejemplo, experiencia docente en una determinada comunidad autónoma o exigencia previa del conocimiento de una lengua autonómica.)

En la propuesta de bases para el pacto educativo, UPyD considera que el aumento de la autonomía de los centros y de la profesionalización de los docentes ha de complementarse con otra condición: responsabilizarse del rendimiento de sus alumnos. El centro y los departamentos didácticos verán reflejada su práctica docente en los resultados académicos de los alumnos. Un descenso de nivel o un alto fracaso escolar, ha de tener consecuencias en los centros y en los departamentos didácticos.

Finalmente, se pidió también, planificar evaluaciones externas y objetivas, similares en toda España, públicas, que sirvan de indicador del rendimiento escolar de los alumnos y de base de responsabilidad de los centros y departamentos didácticos.