El Gobierno aprueba medidas de racionalización del gasto farmacéutico que permitirá ahorrar 1.500 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que permitirá, a través de distintas medidas, un ahorro de 1.500 millones de euros para el sistema sanitario.

Estas medidas fueron acordadas por unanimidad entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas en un Consejo Interterritorial extraordinario, celebrado el pasado 18 de marzo.

La Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, contribuyó a la contención del crecimiento del gasto en medicamentos en el SNS, que pasó de crecimientos interanuales superiores al 10 por ciento, a crecimientos en el entorno del 4-5 por ciento a partir del año 2004. De hecho, en abril de 2004 el incremento interanual se situaba en el 11,02 por ciento.

Sin embargo, dado el actual contexto económico, y ante la necesidad de contribuir la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, se ha hecho preciso adoptar una serie de medidas financieras de contención, austeridad y reducción del gasto farmacéutico a través de la moderación del crecimiento de la factura farmacéutica.

Principales medidas

Entre las principales medidas financieras acordadas y recogidas en el Real Decreto Ley se encuentra la reforma del sistema de precios de referencia con un ahorro estimado de 888,67 millones de euros. Se trata de calcular el precio de referencia de cada conjunto homogéneo de medicamentos (mismo principio activo) con el precio más barato (el coste/tratamiento/día más bajo) y no con la media de los tres más baratos como ocurre en la actualidad.

Asimismo, se modifica la opción de gradualidad en la bajada que recoge el sistema de precios de referencia cuando un medicamento tiene que reducir su precio más de un 30 por ciento. Actualmente, se permite realizar dicha bajada en mínimos del 30 por ciento anual hasta alcanzar la rebaja total prevista. El Decreto Ley aprobado establece que el porcentaje de bajada mínimo anual para poder acceder a la gradualidad será del 50 por ciento, estableciendo un plazo máximo de dos años para alcanzar la bajada total del precio.

Del mismo modo, está prevista la reducción del precio industrial de los medicamentos genéricos financiados por el SNS en una cuantía media del 25 por ciento pudiendo alcanzar el 30 por ciento. La reducción será progresiva, teniendo en cuenta la diferencia porcentual existente entre el precio de venta al público, impuestos incluidos, y el correspondiente precio de referencia, con el fin de perjudicar menos a los medicamentos con menor precio. También se prevé la reducción, en un 30 por ciento del precio industrial de los medicamentos genéricos no incluidos en el sistema de precios de referencia. Se estima que el SNS ahorrará con esta medida 258,04 millones de euros.

Otra de las medidas será la regulación más precisa de los descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los distribuidores y la industria a las farmacias. Estos descuentos sólo son factibles siempre que no se incentive la compra de un producto frente al de sus competidores y queden reflejados en la correspondiente factura. Se fijan en un máximo de un 5 por ciento para los medicamentos financiados por el SNS, ampliable hasta un 10 por ciento en el caso de medicamentos genéricos.

Por último, está prevista la modificación del sistema de fijación y revisión de los precios de los medicamentos para lo cual se considerarán todos los precios existentes en la Unión Europe, y no sólo el precio medio del medicamento. En cuanto a la revisión, se suprime la limitación temporal anual, que existe actualmente, para la revisión de los precios de los medicamentos.

Beneficio para el ciudadano

Las medidas adoptadas se aplicarán a lo largo de este año. Con ello se logrará un ahorro de casi 1.500 millones de euros anuales en el Sistema Nacional de Salud, preservándose en todo caso la universalidad y alta calidad de sus prestaciones.

Estas medidas tendrán también un efecto beneficioso desde el punto de vista económico en la ciudadanía, para la que supondrá un ahorro directo estimado en 100 millones de euros anuales. Este ahorro será fruto de una menor aportación directa de los activos en el régimen general y de la menor aportación de los mutualistas de las mutualidades de funcionarios.