El Gobierno de Melilla no devolverá el dinero de las multas puestas entre 2006 y 2009 porque lo imposibilita el Código de Leyes Administrativas

La Ciudad Autónoma no devolverá el dinero de las multas de tráfico interpuestas entre los años 2006 y 2009. Así de claro se ha mostrado el presidente accidental de Melilla, Miguel Marín, quien ha dejado claro que se trata de un asunto que viene regulado por el Código de Leyes Administrativas por el que se rigen las administraciones públicas, incluida la Ciudad Autónoma, y en el que queda claro que los ciudadanos no tiene derecho a la devolución del dinero de multas ya abonadas.

Marín ha salido al paso así de las declaraciones efectuadas ayer martes por el secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, quien aseguraba que una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obligaba al Gobierno local a llevar a cabo la devolución de las multas puestas entre 2006 y 2009 y hacía un llamamiento a los melillenses para que reclamaran el dinero a la administración local.

Para el presidente accidental, lo hecho ayer por Muñoz constitute “una gran y grave irresponsabilidad”, ya que animó a todos los melillenses a dirigirse a la Ciudad Autónoma para reclamar un dinero que, tal y como ha explicado, no será devuelto porque así lo determina la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se trata, ha dicho, de dos leyes que cualquier político “serio” debería conocer y que imposibilitan que una administración pueda devolver una sanción ya abonada, ya que de hacerlo estaría cometiendo un delito de prevaricación.

Sentencia

Respecto a la sentencia del TSJA, Marín ha explicado que data de noviembre de 2009 y en ella se dejaba claro que el órgano sancionador que estaba firmando las multas de tráfico por aquel entonces no era competente y había que modificarlo, algo que el Gobierno local llevó a cabo de forma inmediata mediante la delegación de competencias que llevó a cabo el presidente, Juan José Imbroda, sobre el consejero de Seguridad Ciudadana, Ramón Antón.

“El Gobierno optó por no recurrir y acatar y resolver el problema administrativo en cuestión”, ha señalado el presidente accidental, quien sin embargo ha dejado claro que aquello se llevó a cabo a pesar de que el Ejecutivo no compartía el fondo de la sentencia porque “nos considera exclusivamente como municipio y no atiende a nuestro estatus juridico como Ciudad Autónoma con un Estatuto de Autonomía amparado por ley orgánica”.

Aún así, el Gobierno local no sólo resolvió el problema puesto en cuestión por el TSJA, sino que además a lo largo de los últimos meses ha ido asesorando y prestando ayuda a los melillenses que han acudido a las Oficinas de Atención e Información para hacer sus reclamaciones. “Se les ha entregado hasta los duplicados de las multas y se les ha ayudado a rellenar la solicitud de devolución de sancion”, ha asegurado, porque está claro que “los ciudadanos tienen derecho a pedir por escrito cualquier cuestión, otra cosa es si tiene, o no derecho a esa solictud. Son cuestiones diferentes”.

De forma paralela, ha dicho, la administración local solicitó un informe a sus servicios jurídicos en el que ha quedado claro que los ciudadanos no tienen derecho a la devolución de las multas, de ahí que considere una “irresponsabilidad” la actitud mostrada ayer por el líder socialista, al que ha acusado de haber cometido una de las mayores manipulaciones ciudadanos que se han conocido en Melilla.

Para el presidente accidental de Melilla, esta postura del PSOE “mintiendo a los melillenses sobre un asunto tan importante”, se opone a la del Gobierno local, que ayer mismo firmó en Madrid el convenio con Acciona Trasmediterránea para abaratar billetes a colectivos necesitados, un asunto cuyas competencias son del Estado y que constinuye, ha dicho, una medida social “muy importante”.