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Melilla pedirá a los tribunales que aclaren qué hacer con las multas puestas entre 2006 y 2009 y que se encuentran en vía de apremio

Conesa asegura que el Gobierno quiere evitar que se produzca un agravio comparativo con los melillenses que sí pagaron sus sanciones

Publicada en InfoMelilla el 16 de abril de 2010

Carmen Gaona Sáez

Daniel Conesa, portavoz del Gobierno local
Daniel Conesa, portavoz del Gobierno local

El Gobierno de Melilla solicitará a los tribunales una aclaración de la sentencia relacionada con las multas que fueron impuestas entre los años 2006 y 2009 para determinar los efectos que tiene respecto a aquellos ciudadanos que no pagaron sus sanciones y se encuentran en vía de apremio.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, la Ciudad Autónoma quiere actuar correctamente y con prudencia, de ahí que haya decidido acudir a los tribunales para que sean ellos los que establezcan la forma en la que se debe actuar con los ciudadanos que no pagaron las multas en su día.

Conesa ha explicado que el Gobierno local da este paso con la única intención de solucionar una cuestión que considera de gran calado jurídico y que, además, puede estar suponiendo un agravio comparativo con aquellos melillenses que sí llevaron a cabo el pago de sus multas y a los que, por ley, no se les devolverá el dinero.

De momento, ha dicho, las multas en vía de apremio no han sido anuladas, sino paralizas en tanto en cuanto los tribunales se pronuncian. Será después cuando, en base a ese pronunciamiento, se proceda a anularlas o a reclamar el pago, porque si hay algo que tiene claro el Gobierno de Melilla es que, independientemente del proceso o de quién firmara las multas, lo cierto es que éstas fueron puestas conforme a la normativa que regula el tráfico, por lo que “si un ciudadano la incumplió, fue sancionado correctamente”.

Oposición

Respecto a la postura adoptada por los partidos de la oposición en este asunto, Daniel Conesa le ha acusado de haber liderado una campaña de agitación con la única intención de obtener réditos electorales, y ello a pesar de que se trata de una cuestión “de gran calado jurídico”.