UGT se muestra contrario a los intentos de prorrogar la implantación y el desarrollo de la Ley de Dependencia

UGT se ha mostrado en contra de los intentos por parte de algunas Comunidades Autónomas de prorrogar la implantación y el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y ha destacado el hecho de que esta prórroga se pida “precisamente” en las comunidades donde el grado de aplicación y desarrollo es menor.

Desde UGT se ha insistido en la necesidad de que la ley se aplique conforme a los plazos regulados para la implantación del Sistema contenidos en la propia Ley, así como en la “inmediata” elaboración y aplicación del programa individual de atención para aquellos ciudadanos que, habiendo sido valorados, aún no tienen concedidas sus prestaciones. “Recordamos que existen más de un 30 por ciento de beneficiarios cuya prestación esta pendiente de adjudicar”, ha dicho la secretaria de Organización de UGT Melilla, Concha López.

El caso de Melilla, ha dicho, es un ejemplo de diligencia a la hora de aplicar la ley, ya que “somos de las comunidades donde los plazos de evaluación, tramitación y concesión de los derechos derivados de la misma son más cortos”.

Para UGT, la atención a los ciudadanos en situación de dependencia es un derecho cuya consecución ha sido fruto de un largo proceso de reivindicaciones plasmado a través de una ley, por lo que su concesión y prestación no puede verse afectada por una cuestión económica.

Por otra parte, López ha recordado que este año esta prevista la evaluación de la Ley, por lo que “esperamos que de los resultados podamos obtener datos suficientemente cualitativos que nos permitirán conocer los efectos de esta Ley, el grado de cumplimiento de la misma, la rentabilidad social y, por supuesto, conocer si el sistema financiero de la ley es suficiente en función de los costes de los servicios y prestaciones”. El propósito final, ha explicado, es “corregir aquellas desvirtuaciones que la implantación del sistema ha traído. Con estos resultados se debería poner en evidencia si el actual sistema financiero permite la protección de las personas en situación de dependencia que comporta este derecho, modificándose, de ser necesario pero nunca, estar supeditada la insuficiencia financiera a un recorte de derechos”.