El cierre de la sucursal melillense del Banco de España es “irrevocable”

El diputado a Cortes por el Partido Popular de Melilla, Antonio Gutiérrez, ha considerado que el Gobierno central podía haber hecho un “esfuerzo” para no “adelgazar la presencia institucional en la ciudad”, después de que el subgobernador del Banco de España y otros altos cargos confirmaran el cierre de la sucursal melillense.

Gutiérrez, quien participó en una reunión con los responsables del Banco de España junto a la senadora María del Carmen Dueñas y los parlamentarios por Ceuta, ha lamentado la respuesta escrita del Gobierno central. Dicha respuesta afirmaba que ya se han adoptado las “medidas necesarias para evitar que el cierre de la sucursal produzca un impacto negativo tanto en la actividad económica como en los servicios que presta a la ciudadanía”.

El diputado ha señalado que el escrito concluye del siguiente modo: “En todo caso el reducido volumen de trabajo que los ciudadanos demandaban de modo presencial se podrá seguir prestando con otros medios tales como teléfono, correo electrónico y a través de la web”.

Personal laboral de Sanidad

El parlamentario ha anunciado que, tras el paréntesis de la Semana Santa, preguntará al Ministerio de Sanidad sobre el proceso de reubicación del personal del Hospital Militar en el Comarcal, y también por el proceso de recolocación de varios auxiliares de Enfermería de este centro hospitalario ya cerrado.

El diputado a Cortes ha adelantado igualmente que consultará al secretario general del INGESA sobre la relación de puestos de trabajo con que va a contar el futuro hospital universitario, porque “estamos a tiempo de que haya una plantilla razonable y razonada que evite improvisaciones de última hora y escasez de personal”

Recurso de inconstitucionalidad

También el parlamentario ha valorado positivamente la aceptación por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta diputados del PP, entre los que se encontraba, con la consideración de que sus circunscripciones respectivas estaban siendo “maltratadas” en los Presupuestos Generales del Estado.

Ha considerado que la impugnación puede dar un “sesgo importante” al período previo al debate de los próximos Presupuestos del Estado, dando no sólo un “giro” decisivo a los próximos PGE sino también a la situación del Gobierno antes de las elecciones generales el próximo 3 de marzo de 2012.