El Gobierno local acusa a Velázquez de mentir en la crítica "brutal" que ha hecho del borrador del Reglamento

El portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, ha acusado al presidente de Populares en Libertad, Ignacio Velásquez, de mentir en la crítica “brutal y burda” que ha efectuado del borrador de reforma del Reglamento de la Asamblea, un borrador que se ha elaborado, ha dicho, tras dos intensos meses de trabajo y que incluye propuestas derivadas de decisiones políticas, técnicas, de conveniencia jurídica o de adaptación del actual Reglamento a sentencias judiciales.

Conesa ha dejado claro que lo que se pretende con esta reforma no es más que corregir algunos defectos del Reglamento en vigor, algo que “creo que hemos logrado”. Sin embargo, no ha hecho falta mucho tiempo para que Populares en Libertad, en boca de Ignacio Velásquez, haya salido al paso para calificar al proyecto de Reglamento como “restrictivo, sectario, presidencialista y transgresor”.

“No sé cómo tiene la osadía de dar lecciones de nada una persona que está condenada por dos delitos de prevaricación y está inhabilitado hasta 2017”, ha señalado Conesa, quien ha dejado claro que el líder de PPL no ha hecho más que mentir en las declaraciones realizadas respecto al borrador, unas mentiras, ha dicho, que serán desmontadas en su momento con argumentos jurídicos por parte de los técnicos de la Ciudad Autónoma.

Así, el portavoz del Gobierno ha desmentido que el proyecto de Reglamento suprima la obligatoriedad de enviar la reforma al Consejo de Estado, porque “nunca ha sido obligatorio”, y asegura que es mentira que se elimine la obligatoriedad del informe del secretario de la Asamblea dejando claro que éste tiene las funciones que legalmente le corresponde y eso no cambia.

Tampoco es cierto, ha señalado Daniel Conesa, que el nuevo Reglamento incluya la posibilidad de que la Mesa suspenda las funciones de los diputados, ya ha asegurado que esa decisión será llevada a cabo por el Pleno en cumplimiento de una normativa legal y de distintas sentencias.

El portavoz del Gobierno también desmiente que se establezcan restricciones en el derecho de los diputados a obtener información, aunque sí se produce una regulación de dicho derecho para evitar abusos y que “ningún grupo pueda construir un archivo histórico documental a consta de los servicios de la Asamblea”.

Por último, Conesa reconoce que sí se ha reducido el plazo de la convocatoria de comisiones de 72 a 48 horas al considerar que es más fácil reunir a los diputados en un plazo inferior. Además, ha recordado que se ha establecido el mismo plazo que había cuando Velásquez era presidente de Melilla, con lo que no entiende las críticas.

Tras aclarar todo lo anterior, el portavoz del Gobierno ha pedido a los grupos de la oposición que estudien el borrador y que elaboren las alegaciones que consideren oportunas, ya que el Ejecutivo local está dispuesto a debatir y a aceptar aquellas que sean constructivas.