El pleno de control somete a debate la titularidad y el coste del Teatro Kursaal

El proyecto de recuperación del Teatro Kursaal ha sido demasiado caro en opinión del grupo socialista en la Asamblea. Según su lider, Dionisio Muñoz, el coste del teatro asciende a una cifra de 12 millones, la misma inversión que el Gobierno central ha realizado para recuperar casi dos kilómetros de playa. El socialista ha defendido que, con ese dinero, podrían haberse edificado tres centros de salud o tres colegios en la ciudad.

Rafael Marín, consejero de Fomento, ha querido dejar constancia de que la operación tiene un coste aproximado de 12 millones debido a la negativa del Gobierno central a facilitar una ayuda con cargo al 1% Cultural. Ha acusado al grupo socialista de influir sobre los ministerios para evitar que la subvención llegara a la Ciudad Autónoma.

Además, el consejero de Fomento ha recordado que no pudo recuperarse nada de los interiores originales del teatro, ya que habían sido completamente reformados previamente y se desconoce su aspecto primigenio, tal y como suscribe un escrito, procedente de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, que el consejero ha puesto sobre la mesa.

Durante la interpelación, Muñoz, secundado por Mustafa Aberchán, ha criticado la titularidad del edificio, insistiendo en que éste es propiedad de BBVA hasta que finalice el leasing mediante el cual la Ciudad Autónoma pagará su importe al banco. Por este motivo, ha insistido el portavoz socialista, el proyecto no ha podido beneficiarse de la ayuda del 1% Cultural, destinada a edificaciones públicas o cedidas para su uso público por un período de 50 años.

El Ejecutivo local, que ha afirmado que se recurrió a negociar con la entidad bancaria tras no recibir la subvención estatal, ha recalcado que la compra a plazos hace que el teatro sea de los melillenses y no del banco, sobre lo que el lider cepemista ha matizado que “es de los melillenses si el banco quiere”. Aberchán también ha preguntado por qué no se ha consultado a la oposición para embarcarse en el negocio, ya que puede ser otro partido político el que tenga que continuar con el pago en un futuro.