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Pleno de control

Los socialistas acusan a Emvismesa de realizar una mala gestión de las viviendas protegidas

Dionisio Muñoz ha realizado una interpelación durante el pleno de control al gobierno local para denunciar las numerosas viviendas de protección oficial que se encuentran vacías debido a su coste elevado, mientras que el Ejecutivo de Imbroda ha achacado este problema a la falta de inversión del Gobierno central y a la retirada de las ayudas estatales para la compra de vivienda

Publicada en InfoMelilla el 30 de marzo de 2011

Elena Montero

El Grupo Socialista en la Asamblea de Melilla ha acusado a Emvismesa de realizar una gestión “desastrosa” de las viviendas de protección oficial (VPO). Dionisio Muñoz ha destacado, durante el último pleno de control de esta legislatura, que la promotora pública ha vendido sólo 25 de las 100 viviendas protegidas construidas en los últimos meses, lo que ha asociado a un elevado precio que, según el socialista, se debe a “la compra de pequeñas parcelas que encarecen el precio final de las casas”.

Dionisio Muñoz
Dionisio Muñoz

Ante esta acusación, el consejero de Fomento, Rafael Marín, ha rebatido los datos que manejan los socialistas, afirmando que las viviendas protegidas en venta son 97, de las cuales 41 ya se encuentran adjudicadas. Respecto al coste de las mismas, el consejero ha negado que el precio del suelo repercuta en el de la casa de una forma desorbitada, mientras que sí ha considerado importante la repercusión de la eliminación de ayudas para la entrada del piso que se ha realizado desde el Gobierno central. Debido a esta retirada, que oscilaba entre los 5.000 y los 12.000 euros, Marín ha denunciado que “hay gente que ha tenido que dejar sus VPO al quedarse sin dicha ayuda”.

Rafael Marín ha asociado el precio de estas casas al Plan Estatal de Vivienda, que fija el coste del metro cuadrado de las mismas. Así, ha estimado que, mientras que el precio establecido a nivel nacional es de 1.394 euros por metro cuadrado, en Melilla está en 1.334.

El lider socialista ha recordado que una de las funciones de Envismesa, desde sus estatutos fundacionales, consistía en facilitar terreno para la construcción de viviendas protegidas y que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha podido invertir los 48 millones comprometidos con Melilla porque la Ciudad Autónoma no ha cumplido su parte del trato al no poner a disposición del Ejecutivo central terrenos sobre los que edificar.

Marín ha desmentido esta acusación, diciendo que el extinguido Ministerio de Vivienda ha rehusado cumplir lo firmado en el Acuerdo Marco, ya que rechazó el suelo edificable que se le ofreció en el Barranco de Cabrerizas y en Huerta Embarek. A este rechazo, el consejero ha sumado la negativa del Ministerio de Defensa a ceder a la Ciudad Autónoma las 360 viviendas que tiene en propiedad, y que el área de Fomento se ofreció a rehabilitar para su alquiler.

En su intervención ante la Asamblea, Coalición por Melilla (CpM) ha asegurado que la “voz popular” denuncia que no pueden comprar VPO debido al precio y a las condiciones, “peores que las ofrecidas por algunas promotoras privadas”. La diputada por CpM, Dunia Almansouri, ha preguntado al Ejecutivo cómo es posible que una familia con ingresos mensuales de 1.500 euros se haga cargo de una hipoteca que oscila entre los 600 y los 900. La cepemista ha propuesto dar salida a estos pisos, ofreciendo un alquiler con opción a compra.

Juan Antonio Iglesias, presidente de Envismesa, ha rebatido a Almansouri, recordándole que Juan José Imbroda ya ha anunciado que el régimen que la diputada propone se está planteando dentro del Ejecutivo local. El responsable de la sociedad pública ha puesto de manifiesto los problemas que conllevan las promociones grandes y que la compra de parcelas pequeñas beneficia a las PYMES melillenses del sector de la construcción, que no cuentan con los medios necesarios para enfrentar promociones grandes.