Rubalcaba, el candidato, cede ante los “indignados”

El señor Sarkozy, el otro día, señaló las diferencias que, a su criterio, existían entre los sublevados de los países norteafricanos y estos jóvenes que protestan en España, porque esta nación es “una gran democracia”. Podríamos coincidir con este diagnóstico del premier francés en esta definición, sólo que diferiríamos en cuanto al calificativo que la cuantifica y que creemos, sinceramente, que no se ajusta a la realidad que, a nuestro criterio, se quedaría, con serias reservas, en una “aspiración a democracia”, gobernada por unos que se tildan de tales pero que, tanto en sus actos, en sus proclamas, en sus resoluciones y en sus leyes se han mostrado más como dictadores, absolutistas y totalitarios, que como verdaderos demócratas. Aclarado este punto, ya que don Alfredo Rubalcaba ha dado el sí a quienes ya lo han proclamado candidato a la presidencia del gobierno español, curiosamente antes de que se hayan convocado las famosas “primarias”; conviene que analicemos una de sus últimas actuaciones como ministro de Interior que, a nuestro juicio, deja en evidencia una de las facetas más oscuras de este señor, en el que parece que se fían los socialistas para remontar este Everest que la opinión de los españoles acaba de levantar frente a las aspiraciones del PSOE a conseguir reeditar su triunfo de las elecciones anteriores.

En efecto, nos podríamos preguntar si la forma en la que el ministerio del Interior ha venido enfocando el problema de estos mozos que han ocupado “pacíficamente” la Puerta del Sol de Madrid y la Plaza de Catalunya de Barcelona, amén de otras ocupaciones llevadas a cabo en otras ciudades de la geografía patria; ha tenido en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente respecto a la ocupación ilegal de la vía pública; la exhibición de banderas, como la republicana, preconstitucionales; el establecimiento de puestos de venta de productos y expedición de propaganda no autorizados; la negativa a los requerimientos de la autoridad a abandonar el asentamiento; la resistencia pasiva de los ocupantes a ser desalojados de la vía pública; los perjuicios que esta ocupación ilegal han venido produciendo a los comercios y habitantes de la zona; la presencia entre los amotinados de representantes de partidos de extrema izquierda y de agitadores conocidos que los vienen aconsejando; la repercusión que estos actos incívicos, promovidos por unos cuantos antisistema, han tenido fuera de la frontera del país y, en definitiva, lo que tiene de respuesta provocativa y reto a las resoluciones de los tribunales y de la propia Junta Electoral, que declaró dichas manifestaciones y concentraciones ilegales. La respuesta a estas preguntas sólo nos la podría dar el señor ministro de Interior y vicepresidente del Gobierno, señor Alfredo Rubalcaba.

Todavía recordamos la larga cambiada con la que pretendió zafarse de las preguntas de los periodistas cuando le interrogaron a cerca de cómo actuaría ante la petición de la Junta Electoral, de que se disolviesen, en bien de la normalidad electorado, aquellas concentraciones que, evidentemente, tenían un componente propagandístico que influía o podía influir directamente en la orientación del voto de la ciudadanía, ya que lo que se promocionaba era que no se votase a ninguno de los partidos a los que achacaban, extrañamente por igual, ser los responsables de la falta de trabajo que hoy afecta a un 45% de los jóvenes. ¿No debería haberse instalado dicha concentración en los aledaños del palacio de La Moncloa?, ¿no deberán haberse centrado las reclamaciones en el Gobierno del señor ZP, el causante directo de la situación actual del país?, ¿a qué viene que se le achaquen al PP agravios que no ha podido cometer, culpas que no tiene, al no ejercer la gobernanza de la nación o responsabilidades por una política económica, social y financiera a la que, precisamente, se ha estado oponiendo desde que, ZP y sus seguidores, retrasaron las medidas contra la crisis, primero negándose a reconocerla y, después, adoptando medidas que han resultado contrarias a los intereses de España, como ha quedado evidenciado con el resultado desolador de las mismas?

Pero, veamos otros aspectos de esta situación que nos han planteado estos señores “indignados”, que presumen de pacíficos y defensores de unas reivindicaciones que, si bien en el fondo tienen una gran parte de razón, sin embargo, en las propuestas que ponen sobre el tapete, esta turbamulta asamblearia, no hacen sino reproducir viejas fórmulas conocidas, aplicadas en los países del Este de Europa por la antigua URRS. El señor Rubalcaba, Dios sabrá por qué motivos (aunque nosotros pensamos que por intereses electorales del PSOE), no quiso desalojar a los insumisos acampados en Madrid y Barcelona, escudándose en una más que sospechosa “prudencia” y una rara teoría de que las leyes pueden incumplirse si quien las deba aplicar decide que es más conveniente no hacerlo. ¡Una rara forma de pensar para un ministro del Interior! Las consecuencias no han tardado en conocerse. Los que se tomaron por su mano la ocupación de la vía pública, se han sentido apoyados por el poder y se han afianzado en su postura levantisca; sabedores de que el Gobierno sentía pavor ante la posibilidad de que una intervención policial pudiera levantar suspicacias en el resto de Europa y, aún más, les pudiera restar votos de estos que sólo esperan que cunda el caos en España para implantar el totalitarismo izquierdista, al estilo de los antiguos inquilinos del Kremlin. Y este señor, que no tiene el valor de enfrentarse decididamente a una situación como esta para hacer aplicar la ley ¿valdrá para tomar decisiones de gobierno?

En Barcelona se hizo, estos días pasados, un intento de desalojo. La policía no tuvo la prudencia de despejar la zona de fotógrafos antes de actuar y, cuando lo hizo, aunque fuera una acción moderada y medida, la picaresca de los insumisos provocó algunos incidentes de resistencia a ser desalojados, que permitieron a los interesados darle publicidad al hecho, sacar buenas fotografías de manifestantes arrastrados por el suelo y agarrados por brazos y piernas para ser desalojados a la fuerza. Tarde y mal. Las consecuencias, las previstas, cuando se deja que un mal se emponzoñe y vaya adquiriendo virulencia. Porque, existen muchos ciudadanos lo suficientemente ilusos que creen que, toda esta movida nada más es la protesta de unos jóvenes que quieren trabajo, sin darse cuenta de que sólo ha sido la excusa, la punta del iceberg, la parte visible de una trama movida por partes interesadas en crear malestar y división entre la ciudadanía, para sacar provecho de ello. Suena a sarcástico escuchar a Llamazares y a Cayo Lara defender a los amotinados, como si en España no tuviéramos un sistema democrático que no permitiera encauzar, a través de los partidos con representación parlamentarias, la reivindicaciones de aquellos que se sientan perjudicados por el sistema. ¿Por qué, los partidos de izquierdas, no recogieron el malestar para defender los intereses, presuntamente perjudicados, en el Parlamento? La respuesta es obvia, porque no tenían medio de defender una serie de peticiones que, en estos momentos, todos sabemos que no estamos en condiciones de poderlas atender.

Cualquiera que entienda algo de economía, que tenga una noción de la situación de España en estos momentos, que sepa la situación de nuestra deuda y de nuestras finanzas; serían incapaz de asumir, como realizables, la serie de propuestas que, desde una mesa de una tienda de campaña en la Puerta del Sol; cuatro asamblearios, convencidos de que están dotados de poderes sobrenaturales, pretenden imponer al resto de ciudadanos españoles, que acaban de decidir lo que quieren que se haga mediante su voto mayoritario, depositado en las urnas. O esto señores es lo que pienso al respecto.