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Crisis del sector en Andalucía.
Sin incentivos públicos al consumo, los instaladores de telecomunicaciones auguran un colapso en el sector en 2012
Debido a la actividad de dichos trabajadores ilegales y al descenso del consumo, la facturación de las empresas del sector de las telecomunicaciones en Andalucía ha descendido en un 80 por ciento de media el pasado año.
Publicada en InfoMelilla el 30 de octubre de 2011
InfoMelilla.com
Las empresas instaladoras de telecomunicaciones pronostican un panorama de asfixia económico financiera y de colapso de las empresas del sector si la Administración andaluza no incentiva y dinamiza el consumo y no comienza a frenar la actividad fraudulenta.
La Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (FAITEL) dispone de una lista de 250 nombres cuya actividad fraudulenta ha sido identificada. “Todos esos nombres –dijo José Manuel Muñiz, director de FAITEL- están a disposición de los servicios de inspección de las administraciones para que investiguen cada caso”.
Más de 100 denuncias interpuestasLos empresarios del sector han interpuesto sólo el pasado año más de un centenar de denuncias. Se quejan tanto de la escasa reducción de la actividad fraudulenta como de la falta de información tras registrar la correspondiente denuncia. Según Muñiz, “no sabemos qué ocurre cuando registramos el expediente; no sabemos si prospera, si lo archivan o si acaban sancionando al trabajador ilegal. Nos gustaría –explicó- que eso cambiase para animar al sector a denunciar y sobre todo para disuadir a los que practican esta actividad de forma irregular”.
A juicio de FAITEL, en el próximo semestre podrían cerrar otras 500 empresas y perderse entre 15.000 y 25.000 empleos a causa de la situación de “precariedad” que vive la demanda desde hace un año.
La facturación ha descendido hasta un 80% en el último año, especialmente en las empresas que han trabajado para la Administración pública. En las entidades que tienen centrada su actividad en el sector doméstico, el descenso es del 65% de media. En aquéllas cuya actividad se centra en la demanda de las PYME, la rebaja es del 60% de media. Todos estos descensos están fundamentados en el corte taxativo que se ha producido en la inversión de cada uno de ellos en los elementos de comunicaciones, ámbito en el que destaca la Administración pública.
