El colegio de arquitectos insiste en la ilegalidad de la contratación de un arquitecto por parte de la CAM

El Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla ha expresado su “rechazo” a la información ofrecida por el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, sobre que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba la razón a la Ciudad ante las reclamaciones de este colegio por la contratación de un arquitecto.

El colegio de arquitectura ha recordado que, en su día, “advirtió que la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) había contratado laboralmente a un arquitecto sin convocar previamente proceso selectivo alguno, lo que implicaba postergar sin más al resto de los profesionales que no pudieron optar a dicho contrato”.

En un comunicado de prensa explican que, “entendiendo que la presentación de un recurso contencioso-administrativo pudiera suponer perjuicios para el arquitecto que lo hiciese a título personal, la Junta de Gobierno de este Colegio consideró que debía ser éste, como garante de los intereses de la profesión, el que recurriese, lo que llevó al ejercicio de la acción correspondiente”.

“El Juzgado de Melilla que conoció el asunto dio la razón al colegio sobre la ilegalidad de la contratación”, prosiguen, “haciendo hincapié en que se había utilizado “desviación de poder” en ello, al haberse extinguido fraudulentamente un anterior contrato para posibilitar que fuese precisamente ese arquitecto el que cubriese ahora una vacante”.

La sentencia dijo lo siguiente: “se cumplen los requisitos para apreciar la desviación de poder alegada en la que se ha incurrido al buscar la contratación concreta de una persona para ocupar un puesto de trabajo de la Administración Publica sin cumplir la normativa prevista para su provisión.”

Frente a esa sentencia interpuso recurso la CAM ante el TSJA; recurso en el que, aseguran, “nada se alegó sobre la ilegalidad de la contratación, limitándose a negar legitimación al colegio y denunciar la extemporaneidad del recurso. El TSJA ha dado la razón a la Ciudad en la cuestión de la legitimación, cuestión ésta de carácter técnico-procesal, pero en ningún momento se avala la legalidad de la contratación, por la sencilla razón de que no podía hacerlo por que el recurso no lo pedía”.

“De esta forma”, consideran, “aunque la sentencia del Juzgado de Melilla se revoca, quedan en pie las apreciaciones que la juez hizo en la misma sobre la ilegalidad de la contratación del arquitecto”.

“Nadie ha desmentido que no exista la desviación de poder, que una jueza ha advertido, aunque su sentencia carezca de fuerza por una cuestión procesal, no de fondo”, señalan, añadiendo que “la sentencia del TSJA no “santifica” esa contratación, sino deja imprejuzgada su legalidad. Por ello, un elemental sentido común y de la Justicia aconseja, y aún exige, que la Administración, de oficio, depure esa ilegalidad y permita que cualquier profesional pueda al menos intentar acceder a un puesto público, tan deseado en estos tiempos de crisis”.

El colegio concluye diciendo que “nos tememos que nada se va a hacer, dados los términos de la intervención del portavoz de la CAM; intervención que, además, señala con el dedo a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Melilla, a los que acusa gratuitamente de inquina contra la Consejería de Fomento”. Además, se han dirigido a Daniel Conesa para pedirle que “no despiste al ciudadano con conspiraciones y diga la verdad: que la CAM no ha actuado en este caso conforme a derecho, que ha perjudicado a muchos arquitectos y que va a poner remedio sin que nadie tenga que obligarle”.