PPL, satisfecho después de que el TSJA haya condenado en costas a la Ciudad por vulnerar el derecho de información de Liarte

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de Melilla contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla que lo obligaba a informar al concejal-diputado de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, sobre las sentencias en las había sido parte la Ciudad Autónoma.

Según ha manifestado la diputada de PPL, Rosa Cuevas, el TSJA ha sentenciado “con claridad y rotundidad” y considera que el Gobierno local ha de cumplir la legislación porque Melilla es un ente local “dotado de un régimen de autonomía local”.

Tal y como recuerdan los miembros de PPL, el origen del litigio se encuentra en la resolución que dictó Cristina Rivas, vicepresidenta de la Asamblea, por delegación de Imbroda, negando a Julio Liarte la información sobre las sentencias dictadas en los años 2009, 2010 y 2011 por los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional en los procesos en que hubiera sido parte la Ciudad.

Según Rosa Cuevas, esta decisión fue “absolutamente ilegal” porque, “como sostuvo antes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y ahora ratifica el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad Autónoma está sometida al Derecho y no la voluntad caprichosa de unos políticos que aplican en cada momento la norma que les conviene”.

Por esta razón, ha dicho, la resolución de Rivas ha sido anulada “por violar el derecho constitucional de un representante político a participar en los asuntos públicos y al acceso a las funciones públicas. Y ya son varias las sentencias que han anulado las resoluciones dictadas por Rivas para evitar el control del gobierno. Naturalmente, no es Rivas la que tiene autonomía y iniciativa para decidir los expedientes que pueden o no ser entregados a la oposición. Rivas no pertenece al gobierno y no tiene conocimiento, ni juicio, ni autoridad. Es Imbroda el que se resiste a que la oposición descubra la forma de actuar de un Gobierno al que le salpican los escándalos sobre las gestión de los fondos públicos”.

Por todo ello, la Ciudad deberá hacer frente a las costas procesales causadas en el recurso de apelación, un gasto que tal y como recuerda Cuevas, “no será satisfecho por Cristina Rivas o Imbroda, sino que lamentablemente será asumido por todos los melillenses”.