La AUGC pide al Delegado del Gobierno que ayude a la resolución de los expedientes disciplinarios abiertos contra doce de sus miembros

La Asociación Unificada de la Guardia Civil en Melilla ha hecho llegar un escrito dirigido al Delegado del Gobierno trasladándole la preocupación y malestar de los guardias civiles destinados en nuestra ciudad por los doce expedientes disciplinarios por falta grave incoados en los últimos días a varios representantes de dicha asociación profesional.

En el escrito, la AUGC considera la apertura de estos expedientes “un uso de la potestad disciplinaria que no se ajusta a la legalidad” y que está afectando a sus representantes asociativos, por lo que pide al representante gubernamental que ayude a contribuir para que se “avance positivamente” hacia una solución que posibilite el ejercicio del derecho de asociación profesional, “en un clima de dignidad, plenitud y entendimiento”.

“Usted como responsable político de la Guardia Civil en Melilla debe conocer que la situación descrita que afecta a nuestros representantes, causa enorme inseguridad y preocupación entre nuestros afiliados y afiliadas” señala el comunicado, lo que supone, en su opinión, una vulneración “directa” a los derechos fundamentales de los miembros de la asociación y por ende a sus aspiraciones de conseguir una Guardia Civil “con mayores derechos y mejores condiciones laborales, económicas y sociales y con un mayor grado de eficacia al servicio de los ciudadanos”.

La carta será remitida, a su vez, al Director General de la Guardia Civil, para mostrar el poyo de la Asociacion a nivel nacional de las actuaciones llevadas a cabo por representantes nacionales de AUGC, por las que han sido expedientados, “todas ellas en defensa de los derechos fundamentales y derechos profesionales de los miembros de la Guardia Civil”.

Según indica la Asociación Unificada de la Guardia Civ en tan solo unos días, la Dirección General ha ordenado la incoación de 12 expedientes a representantes de AUGC “simplemente por serlo, por ejercer de representantes y escenificar el malestar de los guardias civiles ante la aplicación de nuevo a los mismos del Código Penal Militar y ante la involución de derechos tan fundamentales como el de reunión y manifestación”.