El PSOE pide crear una Comisión de Investigación para estudiar la contratación y facturación de Festejos

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta mañana –viernes- la petición de la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea para analizar y estudiar si se ha actuado al margen de la legalidad en la contratación y facturación de la Viceconsejería de Festejos.

Lo ha anunciado esta mañana el representante de la Gestora del PSOE, Juan Ángel Berbel, que ha informado que la Guardia Civil, en el marco de la investigación que están llevando a cabo dentro de la llamada Operación Tosca señala al responsable de la viceconsejería de Festejos, Francisco Díaz, y asegura que hay “firmes indicios de cohecho”.

Y es que, ha dicho, la Benemérita asegura que la empresa Huracán Producciones Artísticas, una adjudicataria habitual del área de Festejos, habría pagado un viaje a Milán que cuatro componentes de la Comisión de Festejos, entre ellos Francisco Díaz, realizaron a finales de enero de 2010 y que parece ser que, entre billetes, hospedaje, dietas y gastos varios, el coste del viaje superó los 7.500 euros

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala que, presuntamente, el área que dirige Francisco Díaz infló facturas de la cabalgata de reyes de las navidades de 2011.

Según recoge el sumario de la Tosca, el Gobierno local se gastó presuntamente 35 euros por cada kilo de caramelos que compró para la Cabalgata de Reyes del mencionado año, cuando el precio en el mercado se mueve sobre los 3 euros el kilo. El área de Festejos del Gobierno Imbroda gastó 10.725,60 euros en 300 kilos de caramelos.

“Pero no sería el único caso en el que el dirigente del PP habría inflado, presuntamente, la factura, ya que el informe de la UCO habla de otros casos, como el de las navidades de 2009 donde Festejos habría pagado casi 10.000 euros de más por una partida llamada ‘muñecos animados’”, ha señalado. “Y hay otra serie de recargos dentro de las diferentes actividades de la Navidad de ese año, es decir de 2009, que van desde 400 a los 2.200 euros”, ha relatado Berbel.

Fraude en los contratos de Seguridad

En su intervención ante los medios de comunicación, el socialista ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado ya formalmente en la Asamblea los contratos adjudicados por el Gobierno Imbroda a Eulen desde 2004 sobre seguridad, para estudiarlos dentro de la Comisión de Control.

Según la UCO, el Gobierno de Imbroda adjudicó a Eulen “millones de euros de una manera completamente arbitraria y fraudulenta” entre 2004 y 2008 y lo hizo “sorteando concursos públicos”, al margen de la ley, mediante contratos menores.

Es más, según la Guardia Civil, hablamos de cerca de 10 millones de euros y del 90% de los contratos de seguridad entre Eulen y el Gobierno Imbroda, llegando a hablar de “conducta deliberada, planificada y orientada a beneficiar a Eulen durante años”.

Y la Benemérita, continúa, señala directamente al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, al viceconsejero de Hacienda, Guillermo Frías, así como a los dos ex consejeros de Seguridad Ciudadana, Ramón Antón y Javier Calderón, “que presuntamente, serían responsables de los delitos de prevaricación y fraude. Desde la UCO aseguran que licitaciones públicas eran suspendidas cuando peligraba la adjudicación a Eulen y detalla la redacción de pliegos a su medida”, ha informado el socialista.

“La verdad es que nos gustaría escuchar cómo encajan los presuntos delitos de prevaricación y fraude dentro de la teoría de los errores administrativos”, ha apuntado Berbel, que ha apuntado que, además, según el sumario de la ‘operación Tosca’, Eulen cobró casi 400.000 euros por servicios no prestados al Gobierno de Imbroda, la Guardia Civil habla de más de 22.000 horas de servicios no prestados pagados en el año 2013.

“Y por si fuera poco, según señalan desde la UCO, el desvío de fondos públicos se habría realizado gracias al consentimiento de Francisco Javier Calderón, en aquel momento consejero de Seguridad Ciudadana y Gregorio Castillo, director general, quienes firmaron las certificaciones de los trabajos que habrían servido para abonar los fondos por trabajos no realizados. La Guardia Civil no descarta que los implicados en los hechos obtuvieran beneficios económicos”, ha apostillado.

Apartar a los investigados

“El PSOE siempre respeta la presunción de inocencia, sean del partido que sean las personas investigadas, y, además, será a la justicia la que determine si estas personas que hemos mencionado son o no culpables y si les corresponde algún castigo penal”, ha argumentado el socialista, pero ha hecho hincapié en que, como formación política, “nos corresponde velar por los intereses generales de los ciudadanos, por el dinero público y por Melilla”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, como máximo responsable del Gobierno local que anteponga el interés de la ciudadanía a cualquier otra cuestión y que, “por la tranquilidad de los melillenses, aparte de la gestión del dinero público al Consejero Daniel Conesa y a los Viceconsejeros Guillermo Frías y Francisco Díaz, que están siendo investigados en el marco de esta operación”.

“Defendemos la presunción de inocencia, pero son personas que están gestionando dinero público y que la Guardia Civil, no quien les habla, ni el PSOE, les acusa, entre otras cosas, de prevaricación y de fraude”, ha señalado.

Por ello, desde el PSOE entienden que deben ser apartados de su gestión mientras que no se llegue al final de esta cuestión y se aclare todo, dado que, ahora mismo, “hay un halo de sospecha sobre ellos y sobre su gestión como representantes del Gobierno y en el uso del dinero público”.