La Policía Nacional atribuye la trama a un gestor sin colegiar, ya detenido otras veces, que tramitaba las bajas de vecinos de un mismo distrito: se daban de alta como autónomos con bases de hasta 4.000 euros y a los pocos días alegaban un accidente.
Redacción
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Foto: Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Melilla a 73 personas, todas vecinas de la ciudad, como presuntas responsables de un fraude masivo a la Seguridad Social. Según la investigación, declaraban falsas bajas laborales mientras simulaban trabajar como autónomos o como asalariados por cuenta ajena. El fraude supera los 3,5 millones de euros.
Durante el operativo y en los días siguientes, además de las 73 detenciones, los agentes tomaron declaración a otra persona como investigada no detenida y registraron la oficina del principal encausado, donde intervinieron abundante documentación en papel y en formato electrónico que se analizará más adelante.
Detenidas en #Melilla 73 personas por cometer un fraude masivo a la #SeguridadSocial. Declaraban falsas bajas laborales mientras ejercían como trabajadores autónomos o asalariados. El fraude supera los 3.500.000 de euros.
La Policía describe un «modus operandi» claro. Los investigados se daban de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en oficios de escasa cualificación, como albañilería, peluquería o mozo de almacén, pero se asignaban una base de cotización muy elevada, de hasta 4.000 euros, desproporcionada para los ingresos habituales de esas profesiones.
A los pocos días del alta declaraban haber sufrido un accidente que les impedía trabajar y causaban baja de inmediato. Desde ese momento cobraban una prestación mensual calculada sobre esa base de cotización tan alta. Alegaban caídas fortuitas o enfermedades, pero lo más común era un falso accidente de tráfico en el que figuraban como testigos otros miembros de la trama, que en otros casos se presentaban ellos mismos como accidentados.
Una segunda prestación como asalariados
La mayoría de los implicados estaba también dada de alta en el Régimen General como asalariada de terceros, de modo que, al causar baja, cobraba una segunda prestación mensual. Los investigadores comprobaron que esas contrataciones las hacía un grupo reducido de empresarios y que los contratos se firmaban pocos días antes de la baja, por lo que esos empleadores pasaron también a ser investigados.
El objetivo final, según la Policía, era una pensión vitalicia. Tras un año de baja y las revisiones médicas periódicas, un tribunal médico decide si el trabajador vuelve a su actividad o si se le concede la incapacidad permanente.
El mismo barrio, el mismo centro de salud
Todos los encartados vivían en un mismo distrito de la ciudad y la inmensa mayoría tiene lazos familiares entre sí. Por esa vecindad acudían al mismo centro de salud para prolongar las bajas, donde un médico en concreto atendía a la mayor parte de ellos; ese facultativo también está encausado. Muchos de los supuestos accidentados presentaban lesiones en la misma parte del cuerpo y, en las revisiones médicas, se llegó a presentar la misma resonancia magnética en más de una ocasión.
Un gestor sin colegiar, al frente
Al analizar la documentación, los agentes vieron que un porcentaje muy elevado de los casos lo representaba una misma persona, que se encargaba de toda la tramitación. Es un gestor administrativo que trabaja en Melilla, que no está colegiado ni como gestor ni como abogado y que ya había sido detenido varias veces por falsedad documental, estafa y favorecimiento de la inmigración irregular. Según los testimonios de los propios encartados, fue el principal urdidor de la trama, aprovechando sus conocimientos en la materia.
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