El Grupo Popular presenta en el Senado una moción de condena al régimen de Nicaragua

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado una moción relativa a la condena del régimen de Nicaragua y las medidas a adoptar. La iniciativa lleva la firma de la senadora por Melilla Isabel Moreno y el senador por Cantabria Íñigo Fernández.

El texto insta al Gobierno de España a condenar la deriva del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y a exigir que, antes del 10 de enero de 2027, fecha en que concluye el mandato de ambos, se convoquen en Nicaragua elecciones libres, competitivas y transparentes, con supervisión de observadores internacionales independientes. La moción reclama también revisar el nivel de las relaciones políticas y diplomáticas de España con las autoridades nicaragüenses, priorizando el apoyo a la sociedad civil y a las víctimas de la represión, tanto dentro del país como en el exilio.

Entre las medidas planteadas figura promover, junto con socios europeos y americanos, una posición común de condena y presión diplomática en el marco de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otros foros multilaterales. El texto pide además impulsar en esos foros la exigencia de condiciones democráticas mínimas para la participación de Nicaragua en la comunidad internacional, incluida la liberación de los presos políticos y el inicio de un proceso electoral supervisado internacionalmente. La moción expresa la solidaridad del Senado con el pueblo nicaragüense, con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y con las comunidades religiosas perseguidas, entre ellas la Iglesia Católica y la Iglesia Morava.

El texto del GPP sostiene que el proceso comenzó en 2014, con la supresión de la prohibición constitucional de reelección consecutiva, continuó en 2021 con unas elecciones que la Organización de Estados Americanos declaró ilegítimas, y culminó en 2025 con una reforma constitucional que creó la figura de la «copresidencia» entre Ortega y Murillo. Según el texto presentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó en 2026 la situación en Nicaragua como la más grave del continente americano en materia de crímenes de lesa humanidad, citando detenciones arbitrarias, persecución religiosa, tortura documentada y la desnacionalización de opositores. La moción también recoge que más de 700.000 nicaragüenses han huido del país, con impacto en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España, y que el régimen ha roto con el sistema de seguridad interamericano al denunciar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.