Antonio Méndez, secretario de Vivienda del PSOE de Melilla, critica el voto de la diputada del PP Sofía Acedo contra la prórroga de la protección frente a desahucios y reclama usar el suelo público para vivienda asequible.
El secretario de Vivienda del PSOE de Melilla, Antonio Méndez, ha denunciado el desahucio de una mujer de 87 años, identificada como Maricarmen, que llevaba viviendo en su casa alrededor de setenta años. Según Méndez, este caso muestra las consecuencias de un modelo que, a su juicio, entiende la vivienda «como un negocio» en lugar de como un derecho.
El voto de Sofía Acedo
Méndez ha recordado que el Partido Popular votó en contra del Real Decreto-ley 2/2026, que prorrogaba hasta finales de año la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Entre los votos contrarios estuvo el de la diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo, a quien el socialista pide que explique su decisión.
«Cuando una persona vulnerable se enfrenta a un desahucio y no tiene una alternativa habitacional, las administraciones tienen que estar ahí», ha señalado Méndez.
Suelo público sin vivienda construida
El dirigente socialista ha dirigido sus críticas también al Gobierno de la Ciudad, presidido por Juan José Imbroda. Según Méndez, Melilla cuenta con suelo público disponible pero no con suficientes viviendas públicas ni familias que hayan recibido las llaves de una casa.
Como ejemplo, ha citado el suelo de San Lorenzo, que considera que debería destinarse de forma prioritaria a cubrir necesidades de vivienda de los melillenses y no evaluarse solo en función del negocio inmobiliario que pueda generar.
Méndez ha afirmado que, tras casi cuatro años de Gobierno del Partido Popular, no se ha entregado ninguna llave de nuevas promociones públicas impulsadas por este Ejecutivo.
Reclamación al Gobierno de la Ciudad
El secretario de Vivienda del PSOE ha reclamado al Gobierno de la Ciudad que utilice el suelo público disponible para aumentar el parque de vivienda protegida y asequible, en lugar de orientarlo hacia operaciones inmobiliarias.
«Los melillenses necesitan viviendas, no operaciones inmobiliarias», ha defendido, señalando que el suelo público debería permitir a las familias acceder a una casa, a los jóvenes emanciparse y evitar que nadie tenga miedo de quedarse en la calle.
Méndez ha concluido que una política de vivienda no debería medirse por la cantidad de suelo puesto en el mercado, sino por el número de personas que consiguen acceder a una vivienda y de familias que dejan de estar en riesgo de perderla.
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