Constitución

CONSTITUCIÓN

Como todo el mundo sabe, estos días estamos celebrando que la Constitución Española cumple un cuarto de siglo de vigencia. No parece mucho, si tenemos en cuenta la vida de otras cartas magnas como la estadounidense; sin embargo, siendo una Constitución joven, la que ahora regula la convivencia en este país es la que mayor longevidad ha alcanzado en España.

El alumbramiento de la Constitución de 1978 no fue fácil, y nadie esperaba que lo fuese. Tengamos en cuenta que el Rey don Juan Carlos de Borbón había recibido instrucciones precisas del anterior jefe del Estado (el dictador Francisco Franco), instrucciones que, para regocijo de la inmensa mayoría, fueron ignoradas por el monarca, que apoyó e incluso incitó desde el principio la existencia de un período constituyente que diese origen a una Constitución democrática. Desde el principio, las negociaciones fueron arduas, y los que participaron activamente en aquel proceso nos hablan de duras discusiones y de días enteros prácticamente sin dormir. Lo más difícil, sin duda, era poner de acuerdo a la derecha más extrema, que había monopolizado el poder durante casi cuarenta años (desde el final de la guerra civil en 1939 hasta la muerte del general Franco, en 1975) y comenzaba a darse cuenta de que no todo estaba tan “atado y bien atado” como había querido el autodenominado Generalísimo; poner de acuerdo, decíamos, a éstos con las posturas de los dirigentes más izquierdistas, llegados del exilio o salidos de la cárcel o la clandestinidad, muchos de los cuales aspiraban a recuperar un orden análogo al de la II República que finalizó con la victoria de las fuerzas sublevadas. Entre estos dos extremos había posiciones menos radicales tanto de izquierda como de derecha, y sobre todo el pueblo español, que no estaba dispuesto a que el rencor empañase la ilusión que tantas personas habían puesto en el final de la dictadura y el principio de una Democracia representativa de todos y cada uno de los ciudadanos.

Al final se logró el consenso, y se elaboró una Constitución que fue aprobada en referéndum por la mayoría de los votantes, si bien es necesario señalar que en el País Vasco, aun obteniendo la Constitución una mayoría de síes, la abstención fue muy elevada, lo que puede entenderse a grandes rasgos de dos modos distintos: o bien la carta magna no era del agrado de muchos de los vascos, o bien no se sentían concernidos por una votación que se hacía conjuntamente en todo el Estado. De cualquier manera, en democracia eligen los votantes, y lo único que está claro es que en el País Vasco no hubo una mayoría de noes. Los que fueron a votar, decidieron, y concluyeron que la recién nacida Constitución servía perfectamente de marco legal para representarles a todos ellos.

Se abordó con decisión y –según el criterio de quien escribe estas líneas- con acierto una serie de problemas endémicos del Estado desde hacía muchas décadas. El conflicto entre nacionalistas “periféricos” (el nacionalismo catalán, el vasco y el gallego) y centralistas se resolvió configurando un Estado articulado en Comunidades Autónomas con gran capacidad de decisión, y con respeto por aspectos de su cultura tan importantes como sus lenguas, que fueron elevadas a la categoría de lenguas oficiales. Esta medida, que reconocía los hechos diferenciales y confería al Estado un carácter muy descentralizado, (probablemente el más descentralizado de Europa), no ha podido a pesar de todo acabar con posturas radicales como las de la banda terrorista ETA, amén de haber creado otra serie de inconveniencias, como la monstruosa proliferación de cargos públicos y cuerpos funcionariales que desarrollan su actividad a costa de las arcas públicas.

Se instituyó también la división de poderes, garante en cualquier estado moderno de las libertades de los ciudadanos y de la justicia de los que nos gobiernan. Se estableció un sistema de representación parlamentaria, a diferencia de los sistemas democráticos presidencialistas, para que todas las opciones elegidas por el electorado tuviesen su voz en el Parlamento, además de capacidad de decisión. Podríamos seguir durante horas hablando sobre los inmensos avances que nuestra ley fundamental trajo a nuestras vidas, pero no acabaríamos hoy, y además cualquiera que lea estas líneas tiene a su disposición miles de páginas impresas y publicadas en Internet donde puede informarse más y mejor que en este artículo sobre nuestro texto constitucional.

Termino este artículo haciendo referencia a un asunto que parece estar en boca de todos: la posibilidad y, en su caso, la conveniencia de emprender una reforma de la Constitución Española. Las voces principales vienen de políticos nacionalistas vascos y catalanes, deseosos de un mayor autogobierno, aunque también hay quien ha sugerido la necesidad de reformar el texto para acabar con el artículo sexista que impide a las mujeres primogénitas de la familia real acceder a la jefatura del Estado si tienen hermanos varones, aunque éstos sean menores que ellas. ¿Es justo que nuestra Constitución acabe de una vez por todas con el único resquicio sexista que queda en sus páginas? Desde luego que sí. Pero ello significa que la Constitución es modificable, y que incluso hay ocasiones en que se debe modificar para adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos españoles. ¿Se debe modificar la Constitución para que sea más del gusto de algunos políticos nacionalistas? No soy yo quien está en condiciones de afirmar o negar tal extremo. Pero una cosa sí sé: nuestra carta magna es susceptible de modificación y mejora. Aunque eso, claro está, necesitaría de un amplio y sereno debate por parte de todos los grupos políticos y sociales que operan en nuestra sociedad. Así pondríamos en práctica uno de los principales derechos que nuestra Constitución Española guarda tan celosamente: el derecho a confrontar opiniones, llamado comúnmente “libertad de expresión”.

Elías Gómez F. correo-e: munzter@terra.es