El Gobierno central activa la Reforma del Mercado del Trabajo con el objetivo de reducir la temporalidad y aumentar el empleo estable

El Gobierno de la Nación ha puesto en marcha la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros la semana pasada del Real Decreto correspondiente y la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 14, en un texto refleja el Acuerdo firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado día 9 de mayo, con el objetivo de reducir la temporalidad y promover el empleo estable.

De esta manera, ya desde el pasado jueves entraron en vigor la mayoría de las medidas, excepto algunas que, por su naturaleza, lo harán a partir del 1 de julio.

Esta reforma supondrá un importante impulso a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de reducción del precariedad laboral, que tendrá su reflejo en Melilla a través de un empleo de más calidad y más estable.

En concreto, desde el día 15 están vigentes las modificaciones en legislación laboral, para mejorar la utilización de la contratación laboral, las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial y la transparencia en la subcontratación de obras y servicios y su delimitación respecto de la cesión ilegal de trabajadores, que integran el capítulo II del Real Decreto-Ley.

Además, entrarán en vigor las disposiciones adicionales cuarta, referente a las modificaciones futuras de la cotización y prestaciones del FOGASA; quinta, que afecta a la gestión de la formación profesional y Ley General de Subvenciones y séptima sobre la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Declaración de Diálogo Social De esta manera se da cumplimiento al objetivo plasmado en la Declaración de Diálogo Social firmada el 8 de julio de 2004 entre los sindicatos, empresarios y el Gobierno de la Nación.

De esta manera, se introduce por primera vez instrumentos novedosos, como las medidas contra el encadenamiento abusivo de contratos temporales, junto con otros aspectos, como la mejora en la protección social, rebajas de cotizaciones empresariales, potenciación de los servicios Públicos de Empleo y de la Inspección de trabajo, que no formaban parte de acuerdos anteriores.

El objetivo prioritario del Acuerdo es reducir la temporalidad, impulsar la creación de empleo estable y de calidad y promover la flexibilidad de las empresas para que participen en un mercado cada vez más competitivo. Otra de las metas a conseguir es mejorar la protección a los desempleados así como de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.

El consenso alcanzado entre todos los participantes en la negociación del Acuerdo, el primero que se logra sobre el merado de trabajo desde 1981, garantiza un clima de paz social y de moderación salarial que mejorará nuestro mercado de trabajo.