La Ciudad Autónoma endurece las condiciones de acceso a subveciones públicas a las asociaciones de vecinos

La Ciudad Autónoma quiere reducir el número de asociaciones de vecinos a una o, como mucho, dos por barrio o distrito, según ha manifestado el consejero de Educación y, a su vez, presidente del Consejo Asesor Vecinal, Antonio Miranda tras reunirse con los 14 presidentes de otras tantas instituciones vecinales que recibieron subvención el pasado año.

Antonio Miranda ha explicado a los presidentes cómo tienen que presentar la justicifación de gastos para seguir accediendo a subvenciones de la Ciudad Autónoma y dónde, concretamente en la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, en la que una funcionaria se dedica en exclusiva a la relación con las asociaciones de vecinos.

El organismo autonómico va a destinar 100.000 euros en el ejercicio de 2006 para atender a las necesidades de los vecinos melillenses pero existe un decálogo de requisitos sin el cumplimento de los cuales es imposible acceder a ayudas públicas.

Sin deudas Las asociaciones deben estar libres de cargas fiscales, deudas con la Seguridad Social y con la propia Ciudad Autónoma, han de tener plenamente justificadas subvenciones anteriores, no deben estar incursas en expedientes sancionatorios y han de presentar un proyecto, programación de actividades y presupuesto económico.

A partir de ahora, las asociaciones tienen un mes de plazo para solicitar subvenciones, que han de ser analizadas pormenorizadamente por el Consejo Asesor Vecinal, antes de ser remitidas a los servicios de Intervención de la Ciudad Autónoma.

En la actualidad existen 26 entidades vecinales inscritas en el Registro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad Autónoma de las que sólo recibieron subvención en 2005, 14 de ellas y la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Melilla que preside José Luis Suárez.

Aunque Antonio Miranda se muestra “satisfecho del trabajo realizado”, lanza un aviso para navegantes: “voy a mirar los proyectos uno por uno e incluso quiero dar de bajas a algunas asociaciones”, bajas que, estimó el consejero de Educación, podrían ser siete. Además, la asociación que no justifique los proyectos no sólo tiene asegurada la prohibición de acceso al dinero público, sino que corre el riesgo de acabar en manos de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma.