Marín pide el cese de Arana y la dimisión de Chacón por ´engañar´ al Ministerio de la Vivienda

El consejero de Fomento de Melilla, Rafael Marín, ha pedido el inmediato cese del director funcional del área de Fomento en Melilla, Juan Pedro Arana, así como la dimisión del delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, a quienes ha acusado de ´engañar´ al Ministerio de la Vivienda a la hora de realizar la propuesta de nuevo convenio sobre la construcción de viviendas en Melilla.

En opinión de Marín, lo más grave de la propuesta de convenio es el hecho de que el Ministerio supedite la construcción de 600 nuevas viviendas a la construcción también por parte de la Ciudad Autónoma de otras 600 con cargo al dinero “presuntamente” obtenido de la venta de viviendas de los convenios anteriores, que según el Ministerio puede ascender a 60 millones de euros. Y es precisamente en este punto en el que el consejero de Fomento considera que el Ministerio de la Vivienda se ha visto engañado tanto por Arana como por Chacón, ya que “en ningún caso la Ciudad de Melilla obtendrá 60 millones de euros por la venta de las viviendas de los anteriores convenios”.

Para explicar ésto, Rafael Marín ha recordado en primer lugar que el coste de las obras de las promociones de los anteriores convenios, sin tener en cuenta factores como el valor del suelo, ni los honorarios de los técnicos, asciende a los 59,7 millones de euros, siendo la subvención ministerial de 57,5 millones, con lo que se produce un desfase de más de 2 millones que deben ser aportados por el Gobierno local.

Asímismo continúa asegurando que el valor de la venta de dichas promociones, en el caso de que todas las viviendas se dedicaran a la venta, sería de 47,4 millones de euros. Sin embargo, no todas se venden, sino que el 25 por ciento aproximadamente son de alquiler, por lo que el valor descendería hasta los 35,5 millones de euros.

Además, continúa el consejero, las viviendas se venden con un 3 por ciento de entrada y un préstamo hipotecario otorgado por la Ciudad Autónoma a 25 años a un 4 por ciento, por lo que “lo que percibiría EMVISMESA a la entrega de las viviendas sería aproximadamente 1.067.246,98 euros”. El resto del precio de las viviendas, es decir, 34,5 millones de euros, es lo que constituye el préstamo social que se aplaza a 25 años, con posibilidad de que las cuotas mensuales sean bonificadas hasta en un 50 por ciento, “con lo que al final del período de 25 años, la recaudación estará en torno a los 20-25 millones de euros”. Con esto, el consejero de Fomento quiere dejar claro asímismo, que no es cierto que EMVISMESA disponga en la actualidad de 50 o 60 millones de euros extraídos de la venta de las viviendas, por lo que le sería imposible invertirlo en la construcción de 600 unidades más.

Con respecto a las declaraciones realizadas recientemente por Arana sobre la cuota máxima que pagarían las familias adjudicatarias de las 600 futuras viviendas, Rafael Marín le ha recordado que en la actualidad el alquiler medio mensual de las viviendas entregadas recientemente no supera los 115 euros, mientras que las cuotas de las viviendas en venta no sobre pasa los 240 euros al mes, precios todos ellos que se sitúan por debajo de la cuota que el Ministerio de la Vivienda quiere imponer para el alquiler de las futuras 600 viviendas.