Los españoles recelan de la Justicia

Se impone, después de la conmoción causada por el accidente aéreo de Barajas, una vez superadas las primeras horas de dolor y compasión, tanto por las 153 víctimas como por la desesperación de sus familiares; retornar a la normalidad cotidiana, si es que podemos considerar como tal, la situación de continuos sobresaltos a la que ya nos empieza a tener acostumbrados la crisis económica que, mal que les pese reconocerlo a los socialistas, nos lleva comiendo la moral y nos roe el bolsillo con una dedicación digna de mejor causa. No hay duda de que la fuerza de la gran desgracia que se ha padecido en España, ha sido capaz de acaparar todo el interés de la prensa, la TV y las radios; haciendo que la cobertura del suceso haya dejado en segundo y tercer puesto a otras noticias que, aunque menos espectaculares, no obstante no dejan de tener su significado político e influyen directamente en la vida de la ciudadanía española. Y es que, independientemente de las inagotables noticias descorazonadoras que cada día nos van llegando de los efectos de la recesión, ahora sabemos que también ha afectado al turismo, con una disminución, durante el pasado julio, de un 8%, lo que no deja de ser preocupante si tenemos en cuenta que es el otro motor, quizá el más fiable, de nuestra economía y que sus ingresos son esenciales para mantener nuestra balanza de pagos, con independencia del daño que puede causar a la hostelería y al resto del sector de servicios.

Pero lo que creo que debe de preocuparnos, aparte del problema económico, es que nuestra crisis no se concreta, precisamente, a dicho sector, sino que se extiende a otros aspectos tan o más esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia. He tenido ocasión de escribir en otras ocasiones sobre el divorcio que se está advirtiendo entre la ciudadanía y la administración de Justicia; he denunciado la más que evidente politización que se advierte en los más altos tribunales de nuestra nación y la necesidad de que se tomen urgentes medidas para que se agilicen los trámites, se doten de medios a los juzgados y se modifiquen las leyes a fin de adaptarlas al tipo de delincuencia actual que, sin duda, muestra grandes desajustes con las normas recogidas en nuestro Código Penal que resulta, en algunos temas, obsoleto y poco ajustado a los nuevos tipos de delincuencia, fruto de una realidad que ha cambiado, en muchos aspectos, respecto a la de la fecha en la que fue redactado.

No nos debiera extrañar, en consecuencia, que una reciente encuesta llevada a cabo por Sigma.2 para el diario El Mundo, nos desvelase que la inquietud por el funcionamiento de la Justicia en nuestro país, sea una de las preocupaciones destacadas de los ciudadanos. Es obvio que la idea de que las leyes vigentes no están adecuadas a los tiempos en que vivimos, predomina entre el pueblo llano; así como que, el funcionamiento del órgano judicial, para un 60% de los encuestados, resulta deficiente o muy deficiente. Lo cierto es que, tanto el Ministerio de Justicia, como los fiscales, comandados por el señor Conde Pumpido, como los jueces, secretarios y demás funcionarios que integran la Administración de Justicia, sea por falta de medios o por acumulación de trabajo o por negligencia o por intromisión del Ejecutivo en sus competencias; lo cierto es que, el hecho de que existan 2’5 millones de expedientes sin resolver en estos momentos; es para tomarse seriamente la necesidad urgente de poner remedio a tal desvarío.

La primera urgencia, a mi entender, es delimitar claramente las competencias de la Administración de Justicia y su total independencia de los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. Sin una plena separación y autonomía (tanto en el aspecto de elección de magistrados para cubrir las plazas del TC como del Supremo, como en la designación del Fiscal General del Estado o de cualquier otro organismo relacionado con ellos como pudiera ser el CGPJ) es imposible que exista libertad, independencia y control del Ejecutivo.

En segundo lugar, y esto es un sentimiento generalizado en la ciudadanía, existe la impresión de que, quizá por influencia de los progresistas y del relativismo imperante, la ley se ocupa más de los derechos de los delincuentes que de la defensa de los de los ciudadanos. Por desgracia, en estos últimos tiempos hemos tenido ocasión de presenciar, asombrados, como asesinos irredentos han sacado beneficio de unas leyes que parece que quieren protegerlos en lugar de hacer que paguen sus maldades. Y es que, sin la confianza de los españoles en sus instituciones, sin unas leyes adaptadas a los tiempos modernos y sin la certeza de que tenemos un Estado de Derecho capaz de hacer que los criminales paguen por sus delitos, que cumplan sus condenas y que no puedan abandonar la cárcel ni redimir sus condenas si no existe una evidencia constatada de su arrepentimiento, de que no volverán a delinquir y de que existan garantías de que podrán reintegrarse a la sociedad sin constituir un peligro latente para el resto de los ciudadanos; nadie puede sentirse seguro en España.

Hay que decir que las salidas de tono del Ejecutivo socialista,con leyes claramente de corte inconstitucional, cesiones a los separatistas que, al menos, han suscitados graves dudas de su legalidad y cacicadas como la de la EpC, limitativa de los derechos de los padres, en cuanto a la orientación moral de sus hijos; de corte doctrinario, partidista y absolutista; no han contribuido a que, los ciudadanos de a pie, podamos confiar en el imperio de la ley y en que se mantengan los principios básicos de cualquier otra democracia occidental, que garanticen la alternancia política y el amparo constitucional para que exista la igualdad entre todos los españoles y se les reconozcan sus derechos individuales ante la codicia y afán doctrinario de los poderes públicos.

Miguel Massanet Bosch