La UGT denuncia "persecución" laboral en los centros de menores de Melilla

La UGT realizó una concentración frente al centro de acogida de menores del Fuerte de la Purísima, en Melilla, para denunciar la "persecución" laboral y sindical que asegura que sufren los trabajadores de Arquitempo, adjudicataria de este servicio de la Consejería de Bienestar Social desde 2006.

Esta protesta, a la que asisitió medio centenar de personas entre delegados de la UGT y trabajadores de Arquitempo, se prolongó por espacio de media hora y en ella se repartieron octavillas y se llevaron a cabo pitadas contra la empresa.

También se mostraron pancartas en las que se podía leer "Convenio ya" o "Arquitempo contra la libertad de expresión".

En declaraciones a EFE, el secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT, Pedro Navas, denunció que Arquitempo se niega a firmar un convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla, formada por 87 trabajadores, debido al afán de la empresa por "ganar dinero".

Navas recordó que Arquitempo recibe anualmente de la Consejería de Bienestar Social 3,2 millones de euros para la gestión de los centros de menores, aunque eso no repercute en la mejora de las retribuciones de la plantilla, que se encuentran por debajo de la mitad de lo que deberían percibir respecto a otras regiones.

Este responsable de la UGT pidió la intervención de la Consejería de Bienestar Social para resolver este conflicto y fiscalizar la actuación de la empresa ya que, según ha dicho, Arquitempo incumple sistemáticamente el pliego de condiciones de la adjudicación de los centros de menores.

Pedro Navas denunció además la "persecución sindical" que afirmó que hay por parte de la empresa a los delegados de UGT, ya que uno de ellos ha sido sancionado con 15 días de suspensión de empleo y sueldo por colgar en el tablón sindical un recorte de periódico con una noticia negativa sobre Arquitempo.

También lamentó el "temor" que existe en la plantilla de la empresa ante posibles represalias, por lo que ha considerado necesaria la intervención de la Consejería de Bienestar Social, al tratarse de un servicio público que "debería estar gestionado por los propios funcionarios de la Ciudad Autónoma y no derivado a una empresa, como ocurre en Melilla".

Sin embargo, la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, informó ayer en rueda de prensa de que la Ciudad Autónoma no intervendrá en este problema, ya que se trata de un asunto interno laboral entre una empresa privada y sus trabajadores, "y lo que nos importa es que el centro y los niños acogidos estén bien atendidos y que se cumpla con todas las estipulaciones".