¡O todos cumplimos las leyes o todos las incumplimos!

Señores, sin duda podemos afirmar que la rebelión contra el cumplimiento de las leyes y las sentencias de los tribunales, en Catalunya, ha adquirido la dimensión de verdadera insurrección por parte de las instituciones políticas catalanas, incluida la Generalitat, contra la democracia, la Constitución y el propio Estado de Derecho, del que se puede afirmar que ha dejado de existir, de hecho, en la autonomía dirigida por el señor Montilla. Desde el mismo momento en que, los que tienen el deber de velar por la Justicia y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, renuncian a hacerlo, ya fuere ignorándolas ya fuere oponiéndose frontalmente a su ejecución y cumplimiento deja de mantenerse la legalidad y se incurre en delito. El ejemplo más flagrante de la actitud rebelde de las autoridades catalanas lo hemos tenido, recientemente, con respecto al tema de la enseñanza del idioma vehicular de los niños menores de 8 años, como consecuencia del sistema de “inmersión lingüística del catalán”, impuesto a rajatabla por el Tripartit que gobierna la Generalitat.

De nada han valido las apelaciones de los padres al mandato constitucional, de nada sirvió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se exigía a la Generalitat que se habilitasen medios para que los castellano hablantes pudieran cursar sus primeros estudios en castellano, confirmando que, los padres, tenían la facultad de escoger el idioma en el que deseaban que fueran escolarizados sus hijos menores; lo cual suponía que, en los impresos correspondientes, se incluyera un apartado donde poder dejar constancia de tal elección. Lo cierto es que, a pesar de ser evidente el que, en los centros de enseñanza pública de Catalunya, no se cumplía con dicho requisito, ni antes ni después de la sentencia del TSJC; en ningún momento el Gobern catalán se preocupó de arbitrar las medidas pertinentes para remediar tal omisión. Ahora, ha tenido que ser sido el mismo Tribunal Supremo el que ha puesto los puntos sobre las íes, confirmando la sentencia del TSJC y dejando claro que, el derecho constitucional sigue vigente y que se debe dar opción a los alumnos a que sean escolarizados en la lengua vehicular, fuera esta el catalán o el castellano.

No obstante, siguiendo la línea habitual de las izquierdas progresistas y de los separatistas de ERC, no parece que quienes tengan la obligación de hacer obedecer el mandato emanado de la sentencia para que se cumpla la ley, estén por la labor de poner manos a la obra, antes bien, es evidente que están dispuestos a obstaculizar, por todos los medios a su alcance, incluida la desobediencia, que tal derecho pueda ser aplicado en los centros educativos. Es obvio que no piensan apearse de su postura rígida respecto a la erradicación del castellano de la comunidad catalana y mucho menos dar su brazo a torcer en lo que hace mención al sostenimiento radical de la inmersión lingüística de toda persona que resida en el ámbito de Catalunya. Lo que ha dicho, con todo descaro, el señor Bernat Juan, secretario de Política Lingüística de la Generalitat, –a quien no parece haberle afectado ni poco ni mucho el varapalo que les ha proporcionado el TS–, ha sido, en primer lugar, tratar de quitarle importancia a un tema de tanta trascendencia para los ciudadanos afectados, limitándose a resaltar que la sentencia “no tendrá trascendencia ni afectará al modelo” insistiendo, una vez más, en el sempiterno argumento esgrimido por los victimistas nacionalistas y, en segundo lugar, empecinarse en la habitual cantinela de que “ se utilizan todas las armas posibles contra el catalán”. Debiera de haber añadido que, en el caso de los que han recurrido la infracción de la Generalitat, se han utilizado “argumentos legales “, acudiendo a la Justicia, después de haber agotado todas las estancias administrativas, infructuosamente, para reclamar sus derechos y, por contra, las autoridades catalanas responsables de la enseñanza, el departamento de Política Lingüística de la Generalitat y la misma Generalitat, abusando de poder, desoyendo las voces que les advertían de que se saltaban la Constitución a la torera y, excediéndose en sus atribuciones, impusieron a todos los niños, tanto catalanes como procedentes de otras regiones de España, la inmersión absoluta en la lengua catalana sin atenerse a razones, a su edad ni a la legislación vigente y, por supuesto al sentido común.

Pero, con ser graves todos estos incumplimientos, con dar por fenecidas las doctrinas de Montesquieu sobre la división de poderes dentro de un Estado, con resultar una incongruencia que, quienes deben dar ejemplo del cumplimiento de las normas y las sentencias de los tribunales, sean los primeros en incumplirlas; lo verdaderamente alarmante, lo que pone el vello de punta a los ciudadanos y lo que constituye la muestra más palpable de la situación de la Justicia en España, de la dejación del Gobierno central de sus obligaciones específicas y del politiqueo que se trae con las comunidades que lo han votado, para asegurarse su apoyo en el Parlamento de la Nación; es, sin duda, la pasividad del Ministerio de Justicia ante hechos semejantes, la indolencia y dejadez del ministerio fiscal que, incumpliendo sus funciones de vigilar el cumplimiento de la ley y de las sentencias de los tribunales, deja de solicitar su ejecución de las mismas cuando, de ello, se pudieran derivar situaciones molestas para el Ejecutivo o vayan en contra de sus intereses, poniéndolo en una situación de confrontación con aquellos que le ayudan a mantenerse en el poder. ¿Qué se puede esperar de un señor Bermejo cuya actuación como ministro de Justicia se limita a atacar al PP, decir que la aplicación de la ley está subordinada a la conveniencia política de hacerlo y permanecer impasible ante las barrabasadas perpetradas por los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes?

Mucho nos tememos que, ante semejantes muestras de descomposición social, vista el tratamiento partidista y totalitario con el que se están trtando temas de tanta enjundia como la modernización de la Justicia; su independencia del Legislativo y del Ejecutivo; los excesos cometidos por ciertas autonomías; la permisividad con la que se contemplan las evidentes infracciones que se cometen respecto a los mandatos de la Constitución y la nula reacción, tanto por parte de la Monarquía como de aquellos estamentos políticos y militares que debieran de haber expresado claramente su repulsa a tal estado de cosas; a los ciudadanos de a pie, a los que no nos pueden engañar con sinapismos ni paños calientes, nos va a ser muy difícil, a partir de ahora, el considerar que España es una democracia, que en ella se respetan las libertades individuales, que el orden está garantizado y que la unidad, el idioma español y la bandera son tres pilones fundamentales contra los cuales nadie está autorizado a levantarse. Si quienes mandan nos dan ejemplo de infringir las leyes, sin que ello suponga que tengan que pagar por ello, va a ser muy difícil que a los ciudadanos de a pie se nos pretenda hacer pasar por las horcas caudinas de ser tratados de distinta forma; de ser juzgados de distinta manera a la que se les aplica a los políticos que prevarican, abusan de poder o desobedecen las normas, valiéndose de la inmunidad que les confiere el mandato público que les fue conferido en las urnas.

Miguel Massanet Bosch