Pro Derechos de la Infancia denuncia que se impide salir de Melilla a solicitantes de asilo

La ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein) ha denunciado hoy que la Delegación del Gobierno de Melilla no deja salir de la ciudad a inmigrantes solicitantes de asilo, a pesar de que su documentación es "válida para toda España".

Según informa hoy esta organización, desde el 26 de enero de este año la Delegación del Gobierno en Melilla viene aplicando a los solicitantes de asilo una normativa "inventada, sorprendente, arbitraria e ilegal" que impide que estas personas puedan viajar a la península.

De esta manera, no se les permite el acceso al barco o al avión, aunque lleven la documentación en regla y el correspondiente billete.

"Es la primera vez en la Historia de España que se toma una medida tan contraria a los Derechos Humanos, el Deber de Protección Internacional y el estatus de los refugiados en nuestro país", asegura Prodein.

Según la ONG, la medida tiene además otras implicaciones no menos graves, puesto que, al no permitir el acceso de estas personas a Málaga, se estaría reconociendo que el territorio de Melilla no forma parte del territorio español.

Para Prodein, desde el punto de vista humano, jurídico, político y desde cualquier punto de vista, esto es una "tragedia", que sin embargo está adquiriendo "tintes cómicos".

Asimismo, manifiesta que desde el 27 de enero, un día después de la aplicación de la nueva normativa, varios solicitantes de asilo se han marchado a la península en los bajos de los camiones de carga.

"Lo cómico es que al llegar a Málaga se mezclan con los pasajeros y pasan el control de fronteras con la documentación de solicitante de asilo, sin ningún problema", afirma.

Una vez en la península, los solicitantes de asilo tienen libertad de movimiento por todo el Estado con solo notificar los cambios de residencia que realicen.

Estos solicitantes de asilo están consiguiendo que "se visualicen con toda claridad las políticas ilegales que se llevan a cabo en la ciudad con el fin de que los extranjeros no puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden en España", concluye Prodein.