CCOO y UGT rechazan la reforma de la Constitución y exigen la celebración de un referéndum

Las centrales sindicales UGT y CCOO han manifestado conjuntamente su “extrema” preocupación y “firme” rechazo a la propuesta del Gobierno central, apoyada por el PP, de reformar la Constitución para introducir en ella la exigencia formulada por Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy de constitucionalizar el déficit cero de las cuentas públicas.

La propuesta, según los sindicatos, “es sumamente inconveniente, pues anula o limita gravemente la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico”. Además, aseguran que conlleva también un “grave” riesgo para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de bienestar y supone la constitucionalización de una de las señas de identidad de las políticas conservadoras y neoliberales que han producido la crisis económica global y que, en el ámbito europeo, están gestionando de modo desastroso la crisis de las deudas soberanas.

Por otro lado, UGT y CCOO aseguran que la propuesta no ayuda, por su contenido y por los plazos de aplicación, a la necesaria reducción de los niveles actuales de déficit público, algo que sólo puede lograrse mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, un justo reparto de las cargas de la crisis y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Para ambos sindicatos resulta “inaceptable” que una reforma constitucional de tal calado se pretenda hacer en menos de quince días, sin referéndum, en pleno período de vacaciones, sin debate político alguno, y sin tener en cuenta las opiniones de las organizaciones sociales. “Esto pone en entredicho todas las declaraciones públicas que los dirigentes políticos han realizado recientemente, como respuesta al movimiento del 15M, en el sentido de que van a tener en cuenta sus peticiones para superar la esclerosis de la vida política española y fomentar la participación ciudadana”, han asegurado.

Por ello, UGT y CCOO piden al Gobierno de España que retire su propuesta, a los grupos parlamentarios que no voten favorablemente su tramitación y que, en todo caso, cualquier propuesta de reforma de la Constitución de esta naturaleza sea sometida a referéndum. Además, anuncian que van a estudiar, con la máxima urgencia y en coordinación con otras organizaciones sociales, las medidas de movilización social que puedan adoptarse para que los trabajadores y la ciudadanía española puedan expresar su rechazo a esta reforma constitucional y exigir la celebración de un referéndum sobre la misma.