El Gobierno aprueba la Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España. Se trata de un plan para mejorar la inclusión social de este colectivo, formado por entre 725.000 y 750.000 personas en nuestro país, pues se estima que el 37,5 por ciento de la población gitana se encuentra en riesgo de exclusión severa.

La Estrategia marca las cuatro áreas clave para la inclusión social: Educación, Empleo, Vivienda y Salud. En cada una de ellas, marca unos objetivos cuantitativos, que se concretan en porcentajes de población, a alcanzar en el año 2020, así como unas metas intermedias para 2015.

EDUCACIÓN En el ámbito de la Educación, los objetivos son el incremento de la escolarización en educación infantil y la universalización de la escolarización, así como el aumento del éxito académico del alumnado en Primaria. También se plantea un incremento de la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y un aumento del nivel educativo de la población gitana adulta. En la actualidad, el 96,7 por ciento de los niños gitanos en edad de escolarización obligatoria van al colegio, frente al 99,9 por ciento de la población general. La cifra que se quiere incrementar hasta el 99 por ciento en 2020. El alto índice de escolarización contrasta con otros datos: sólo el 1,6 por ciento de la población gitana adulta ha alcanzado los estudios secundarios no obligatorios, frente al 19,5 por ciento de la población general, y el nivel de analfabetismo absoluto alcanza el 13,5 por ciento en este colectivo, cuando la media en España es del 2,19.

EMPLEO En materia de Empleo, la Estrategia plantea la mejora del acceso al empleo normalizado, así como la reducción de la precariedad laboral. A la vez, fija objetivos en la mejora de la cualificación profesional de la población gitana. Entre los objetivos, destaca el de reducir la tasa de desempleo en este colectivo que, con un 36,5 por ciento, sufre los efectos del paro en mayor medida que la población general (22,8 por ciento).