Los imputados del caso del voto por correo, llamados a declarar a la luz de un nuevo auto judicial

El caso del voto por correo sigue abierto y el último auto emitido por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla amplía el número de delitos y de personas imputadas. El primero en declarar ha sido Joaquín Arana, que lo hizo ayer por la mañana y sobre cuya declaración no hay datos ya que se encuentra bajo secreto de sumario.

A Arana se le imputa la supuesta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, obstrucción a la justicia y falsedad documental, todos ellos presuntamente cometidos durante su etapa al frente de la Dirección Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Por los mismos delitos que Arana está imputada Ana Isabel Mansilla –directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD)-, quien estaba citada para declarar esta mañana, no pudiendo hacerlo porque la sesión se ha suspendido sin que los motivos hayan trascendido.

El auto del juez considera que ambos están presuntamente involucrados en la manipulación y el falseamiento de datos para favorecer la inclusión en los planes de empleo de las personas que presuntamente vendieron su voto por correo en las elecciones de 2008, así como “simpatizantes o militantes” del PSOE con los se adquirió un compromiso.

El delito de tráfico de influencias se les imputa a ambos porque se considera que debieron ejercerla sobre trabajadores de sus áreas para poder realizar la actividad ilícita.

La imputación de los delitos de obstrucción a la justicia y falsedad documental se debe a la localización de “contestaciones falsas y dilaciones indebidas en los requerimientos judiciales con intención de ocultar la verdad o desviar la atención”, y a que los organismos a los que se solicita una misma cosa, aportan datos muy distintos.

La malversación de caudales públicos y el fraude se deben a que se considera que hubo una desviación del destino lícito del dinero público destinado a los planes de empleo, privando de ellos a sus legítimos destinatarios. Para ello, determina el auto, se defraudó al ente público que concedía las subvenciones.

Gregorio Escobar, uno de los imputados más recientes en este caso, es el siguiente en declarar, estando convocado para ello el próximo 24 de abril a las 9.15 horas. Su imputación se debe a la supuesta comisión de los mismos delitos que los imputados a Mansilla y Arana, en su caso, como delegado del Gobierno en Melilla por aquel entonces.

Ya en mayo, los días 2 y 3 respectivamente, deberán acudir al juzgado Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchan, llamados a declarar por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude que se les imputa a ambos en este auto, así como por los que les fueron imputados en diligencias previas.