El Senado comienza a debatir mañana la nueva Ley que ayudará a definir con precisión la naturaleza jurídica de Melilla

Mañana comienza a debatirse en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, presidida por Juan José Imbroda, el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, una norma que ayudará a solucionar las disfunciones jurídicas que se dan en el Estatuto de Autonomía de Melilla aprobado en 1995.

Según ha informado la consejera de Administraciones Públicas, Katty Muriel, que será la encargada de asistir al debate en representación de Melilla, el proyecto de Ley incluye un apartado específico, concretamente la Disposición Tercera, que supondrá un “importante avance” para la autonomía de Melilla y de Ceuta, ya que ayudará a definir con más precisión la naturaleza jurídico y la singularidad de ambas.

Lo esencial de esta Disposición, ha dicho, es que diferencia a las ciudades autónomas de los entes locales y de las comunidades autónomas, prestando especial atención a la singularidad de ambas.

Por un lado, en la nueva Ley que pretende aprobar el Gobierno central queda claro que la legislación de régimen local no será de aplicación en la organización o el funcionamiento de las instituciones de las ciudades autónoma, sino que lo serán los estatutos de autonomía, a cuya aplicación se otorga más eficacia.

Del mismo modo, la Disposición Adicional concreta que las ciudades autónomas, además de regirse por la legislación financiera y disponer de recursos propios de los entes locales, también disponen fondos de las Comunidades Autónomas, como el Fondo de Compensación Territorial.

La nueva norma también ayudará a regular la potestad sancionadora de las ciudades autónomas, ya que permitirá aplicar las normas del régimen local y también las del régimen autonómico, salvando así un vacío que impedía sancionar determinadas conductas que se salían de la competencia local.

Además de todo ello, asegurará los convenios con el Estado dejando a un lado las "limitaciones" de la Ley de Reforma Local.

En definitiva, ha explicado Muriel, ayudará a resolver las disfunciones de régimen jurídico que existían desde 1995, por lo que supondrá un “gran avance” para el desarrollo autonómico de las dos ciudades autónomas, que podrán consolidad sus potestades de autogobiern.

La consejera de Administraciones Públicas considera que se trata de un proyecto “ambicioso” puesto en marcha por el Gobierno central, al que agradece no sólo que aborde este asunto “tan complejo”, sino que haya incluido un apartado especial que ayuda a definir “nuestra naturaleza jurídica”.

El proyecto de Ley, que ahora estará dos meses en el Senado, volverá posteriormente al Congreso de los Diputados, por lo que se espera que su entrada en vigor pueda producirse en el primer trimestre de 2014.