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El Gobierno local pide que las estadísticas de su población se actualicen debido a un desfase con los datos
Juan José Imbroda ha resaltado el importante aumento poblacional que está experimentando Melilla y que la sitúa a la cabeza del crecimiento nacional
Publicada en InfoMelilla el 22 de abril de 2010
El Gobierno de Melilla ha pedido hoy que las estadísticas relativas a la población de la ciudad autónoma se actualicen y recojan su realidad demográfica, ya que existe un desfase con los datos censales y de padrón que maneja la Administración autonómica.
En declaraciones a los periodistas, el presidente melillense, Juan José Imbroda, ha resaltado el importante aumento poblacional que está experimentando Melilla y que la sitúa a la cabeza del crecimiento nacional.
Sin embargo, ha incidido en el hecho de que, mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la población de Melilla en abril de 2010 es de 73.188 habitantes, la ciudad autónoma tiene datos cifrados en unos 77.000.
"Desde hace años, muchos datos estadísticos salen mal, siempre perjudicando a la ciudad, ya que hay más población", ha asegurado la primera autoridad melillense.
Dicho aumento de la población se debe al mayor número de nacimientos, así como al aumento de la población inmigrante de la ciudad, ya sea por nuevas entradas o por el retorno de muchos que se encontraban en la península.
Según Imbroda, en el censo de la ciudad hay entre 6.000 y 7.000 inmigrantes marroquíes, de ahí que haya considerado que puede resultar problemático el que existan unas medidas "laxas o permisivas" en cuanto al control de la inmigración.
"No cabríamos en Melilla y esas cifras que ya son malas serían mucho peores", ha recalcado Imbroda, en referencia, por ejemplo, a los datos de desempleo.
Imbroda ha indicado que este aumento de población requiere más servicios, de ahí que sea necesario también un aumento de las políticas sociales que se desarrollan.
Ha dicho que, independientemente de que las personas que residen en Melilla sean o no españoles, tienen una serie de derechos constitucionales, entre ellos un trabajo digno y una vivienda.